Desde Santa Fe

El gobernador Antonio Bonfatti vetó ayer doce de los dieciséis artículos de la ley 13.297 que declaró a Santa Fe en emergencia en seguridad, entre ellos los tres que anticipó Rosario/12: el que ordenaba apartar "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados por la justicia o bajo sumario -lo que hubiera significado el pase a retiro del jefe de Policía de la provincia, Cristian Sola (ver edición nacional)﷓, el manejo de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad -que el presupuesto del año que viene estima en 3 millones 240 mil pesos para Drogas Peligrosas, las Tropas de Operaciones Especiales y Asuntos Internos﷓ y la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la que el Poder Ejecutivo propuso convertir en una "comisión de seguimiento" sin las atribuciones de la anterior. El veto dejó intactos sólo cuatro artículos (incluido el de forma) y sugirió enmiendas para todas las cláusulas vetadas, excepto una: la rendición de fondos reservados que seguirán, como hasta ahora, sin control del Tribunal de Cuentas.

En el decreto 3445 remitido a la Legislatura, Bonfatti fundamentó el veto en cincuenta y cuatro considerandos. "Los mandatos contenidos en la ley constituyen órdenes a otros poderes del Estado y si bien en algunos casos podrían significar una expresión de deseo, en otros, importan una verdadera intromisión a competencias constitucionales" del PE. Y por lo tanto, "el principio de separación de poderes resultaría subvertido", explicó.

La cláusula que más preocupaba a la Casa Gris era la que disponía una purga en las filas policiales al ordenar el desplazamiento "en forma inmediata" de los jefes investigados por la justicia o con expedientes abiertos para justificar su patrimonio. Bonfatti vetó la cláusula porque es "constitucionalmente reprochable" y afecta "la presunción de inocencia". "Avasalla -dijo﷓ la expresa garantía constitucional del debido proceso", invierte "el principio de inocencia del que goza todo ciudadano" y genera "en los agentes policiales una verdadera discriminación o injusta persecución" a contrapelo de lo que disponen la normas constitucionales. "La garantía del debido proceso constituye un principio constitucional de obligatorio acatamiento y que supone resguardar, aunque mínimamente, los derechos a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada", agregó.

El gobernador propuso un nuevo texto para el artículo: investigar "de oficio" el patrimonio de funcionarios policiales que "no guarden proporción con sus ingresos" y si se prueba ese "incremento patrimonial sustantivo", sancionarlo con "una pena administrativa que será considerada falta grave" y se aplicará en forma "autónoma" del proceso judicial.

* Fondos reservados. Bonfatti vetó el artículo 9 de la ley que proponía que los fondos reservados del Ministerio de Seguridad se rindan de la misma manera que el resto de los gastos públicos, con el control del Tribunal de Cuentas. El gobernador justificó el veto con el mismo argumento que planteó la diputada socialista Inés Bertero en el debate de la ley de emergencia, que la rendición de los fondos "debe ser un trámite ágil y reservado, no sólo por la urgencia, sino por la complejidad y reserva que requieren las investigaciones". Se trata de "una herramienta necesaria en toda fuerza de seguridad para una eficaz labor de prevención e investigación de ilícitos", agregó el gobernador. Pero no propuso ninguna enmienda, por lo que ratificó el sistema vigente en actualidad: los gastos reservdos se justifican bajo recibo y con "balance de inversión rubricado por el jefe de Policía de la provincia", en este caso el comisario Sola, sin intervención del Tribunal de Cuentas.

Rosario/12 informó que el presupuesto 2013 asigna al Ministerio de Seguridad fondos reservados por 2.220.000 pesos para las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Drogas Peligrosas, pero a esto hay que agregar otra partida 1.020.000 pesos para la Dirección de Asuntos Internos. Total: 3.240.000 pesos.

* Comisión Bicameral. Otro de los artículos vetados es el 12 que creaba una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, integrada por las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras que "tendrá el control y supervisión" de la ley de emergencia. El gobernador propuso convertirla en "una comisión de seguimiento" sin las atribuciones de la anterior para no violentar "el esquema constitucional de división de poderes".