El Concejo de Funes se apresta a aprobar la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en todos los jardines de infantes de la ciudad. El proyecto obtuvo despacho el viernes pasado y espera su sanción para mañana a la noche, cuando sesione el Legislativo de la vecina localidad. La iniciativa fue presentada por el edil del Frente para la Victoria Rolvider Santacroce, y avalada en comisión por pares del Frente Progresista Cívico y Social y el PRO. "Los niños son una población muy vulnerable e indefensa, en muchas oportunidades no pueden contar lo que les pasa, pero al mismo tiempo hay padres mal intencionados y a lo mejor puede pasar que denuncian a un docente que no tenga nada que ver con un hecho no deseado", argumentó el autor. El proyecto se encontró con el repudio de partidos y agrupaciones, que se manifestarían en contra de la medida.

La polémica iniciativa tiene un antecedente cercano en Rosario, de la mano del concejal del Partido Demócrata Progresista, perteneciente al Frente, Aldo Poy, que presentó un documento similar en el mes de septiembre del año pasado. Por entonces, el edil argumentó la necesidad de emplear el sistema de videovigilancia como "una herramienta para el control y seguimiento del accionar en las instituciones". Su propuesta chocó rápidamente con el rechazo generalizado de los gremios docentes, como el caso de SADOP, desde donde el titular de la delegación Rosario, Martín Lucero, sostuvo que un proyecto de este tipo define "una triste visión del maestro".

El proyecto de Santacroce plantea la obligatoriedad de videocámaras en salas, pasillos y lugares de usos múltiples "que permitan monitorear y almacenar imágenes de las actividades que desarrollan los niños concurrentes". El edil kirchnerista sostiene que su propósito es "prevenir abusos contra los niños que asisten a esas instituciones y al mismo tiempo evitar falsas denuncias contra los docentes que allí trabajan". En los considerandos del documento, sustenta sus argumentos en normativas impulsadas en las legislaturas de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, al mismo tiempo que valora que este "tipo de control" ya se utiliza en países como Estados Unidos, Chile y Brasil.

En caso de sancionarse, las imágenes captadas por las videocámaras serán guardadas por 60 días y almacenadas mediante backup por cuatro años. Dicho material sería confidencial y de acceso posible para padres, tutores, representantes legales -o autoridad competente-, dejando en claro que no cualquiera podrá acceder a las imágenes de los menores. A su vez, se solicitará consentimiento escrito para poder realizar la captación de imagen de los menores a sus padres, tutores o representantes para adjuntar al legajo. También a cada docente y trabajador escolar.

El proyecto original contemplaba, para el caso de que el Estado local opte por prestar servicio online o sitio web de imágenes, que se suministre a cada padre, tutor o representante legal, un nombre de usuario y contraseña "que garantice un entorno de acceso seguro y confidencial". Pero retirar este punto conflictivo le valió al autor la chance de entablar acuerdo con el Frente y el PRO para avanzar en la sanción.

La iniciativa tuvo su ingreso formal el martes de la semana pasada y tres días después, el viernes, en la reunión semanal de comisión del Deliberativo funense, Santacroce pidió que obtenga despacho. Lo acompañaron tres de los cinco concejales que completan el Legislativo: el presidente Adrián Sánchez y Eduardo Casim, ambos del Frente Progresista, y Diego León Barreto, del PRO. La oficialista Ana Martelli se opuso y el edil de Unidad Popular, Mauro Miguez, se ausentó. Ahora, el expediente se tratará mañana, con posibilidades de que sea aprobado.

Miguez no estuvo presente, pero manifestó su disenso con la propuesta a través de las redes sociales, al definirla como un "claro retroceso". "Esta medida, para quien está iniciando su formación en educación, golpea duramente el espacio pedagógico, el vínculo entre docente y alumno, que es vital en la primera infancia", apuntó el edil de extracción peronista. Además de poner el acento sobre los perjuicios que pueden producirse en los niños, Miguez consideró que se generaría sobre los docentes "una coerción sobre su propia práctica, porque se la limita y reduce a un monitoreo que no es más que un componente ajeno al ejercicio de la docencia".

Desde el Partido Socialista también mostraron su desacuerdo al entender que las cámaras "no garantizan seguridad y por el contrario interfieren en la relación entre los docentes y los padres, entre los niños y niñas entre sí". Los dispositivos de vigilancia "no previenen el abuso sexual infantil y el maltrato", apuntaron desde el PS, al tiempo que defendieron que "la mejor prevención es darle herramientas a los docentes y a las familias para que trabajen y hablen con los niños sobre el cuidado de su cuerpo pero siempre desde una perspectiva de derecho, entendiendo que los/as docentes son profesionales que estudian y se forman para llevar adelante su tarea cada día y que la mejor relación es la que se construye en la tarea diaria de padres y educadores".