Organizaciones de derechos humanos, abogadas querellantes y militantes políticos repudiaron ayer con un escrito público, las declaraciones del arzobispo de Rosario Eduardo Martín, quien evitara condenar al ex capellán policial Eugenio Zitelli juzgado por terrorismo de estado. "Sus palabras evidencian una clara toma de posición en relación al rol que cumpliera la iglesia en general y el procesado Zitelli en particular durante la represión ilegal desplegada en la última dictadura ya que cuando refiere al ejecutor del genocidio se ampara en el principio de inocencia". "No es solo una acusación, sino una imputación grave sobre Zitelli a quien la justicia federal lo procesó por 14 privaciones de la libertad y la asociación ilícita junto a la Patota de Feced", apuntaron. Es que Martín al ser consultado sobre las acusaciones que pesan sobre Zitelli dijo: "Quiero ser respetuoso con todos, no quiero defender a nadie pero menos condenarlo antes de tiempo. Porque en democracia alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario.... un juicio objetivo con derecho a defensa".

Sin embargo los firmantes remarcan que, por otra parte, señaló: "los que lo mataron (a José Ignacio Rucci) eran cristianos porque eran montoneros que habían nacido de diferentes grupos católicos". "Es contradictorio -dice el escrito - ya que no existe pronunciamiento judicial alguno al respecto, es más, el juez Ariel Lijo cerró la causa por considerar que no se trata de un delito de lesa humanidad". El texto está firmado por la APDH (querellante en la causa contra Zitelli), Familiares Rosario, UMANO Casilda, Asociación de ex Presos Políticos Héroes de Trelew.

Cabe recordar que Zitelli fue denunciado ante la justicia federal por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, que el fiscal federal Gonzalo Stara requirió la apertura de una investigación en su contra, el juez federal Marcelo Bailaque lo procesó dos veces por entender que prima facie es responsable por los delitos enrostrados, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó ambos procesamientos, las querellas y la fiscalía solicitaron la elevación a juicio de la causa, y Zitelli fue nuevamente indagado a principios de este mes.

"Vale decir -reza el documento- que no nos encontramos simplemente con una acusación sino que existe una imputación grave sobre Zitelli y la justicia federal entendió más que suficiente la prueba reunida como para procesarlo por 14 privaciones de la libertad y nada menos que por el delito de asociación ilícita junto a la patota más emblemática del SI". "No puede soslayarse a estas alturas -remarca el texto- lo que significa que una acusación penal llegue a las puertas del juicio oral y que, recientemente haya sido indagado nuevamente por otros hechos".

"La prueba testimonial obrante en la megacausa Feced es profusa y concordante "- agrega. En rigor constan concretos señalamientos que dan cuenta no solo de la presencia del cura Zitelli en el Servicio de Informaciones, sino también de los roles y funciones que allí éste cumplía como integrante de la denominada "Patota" de Feced desde su rol de capellán.

Según remarca el escrito "el capellán ha sido visto y ha mantenido contacto con víctimas alojadas en el SI y en la Alcaidía; ha visitado a detenidos en cárceles. Tenía pleno conocimiento de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones tormentosas de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información".

Para los militantes que firmaron el documento crítico "Zitelli tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas, actuando junto con sus consortes procesales como parte de la denominada Patota de Feced".

El rol que le achacan las víctimas en ese reparto funcional de tareas a fin de cometer los hechos ilícitos que se investigan consistía, principalmente, en recabar información de los detenidos, incluso "tolerando" las torturas como medio de obtención de información, si fuere necesario.

Ahora bien, la referencia del Arzobispo a "los que mataron a Rucci" indica su clara toma de posición. "No puede condenar a Zitelli antes de una sentencia de un tribunal oral pero sí aseverar que a Rucci lo asesinaron revolucionarios cuando no existe ningún pronunciamiento de la justicia al respecto" remarcaron.

Lo que sí existe es lo que ha quedado acreditado con el grado propio de una sentencia judicial por parte del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario en la denominada causa Feced 2. Allí el tribunal sentenció: "No puede hoy negarse que la 'dictadura militar' 1976 1983 fue en realidad una dictadura cívico militar empresaria eclesiástica; reunía en su seno todos aquellos intereses que la prohijaron, aunque su cara visible fueran las fuerzas de militares y de seguridad que salieron en cacería a exterminar.... Se pudo saber así que la Iglesia aportó 400 capellanes entre 1975 y 1983 para acompañar la lucha antisubversiva implementada. Que el Vicariato castrense, compuesto de capellanes castrenses y auxiliares, nunca fue una institución separada de la Iglesia. Que era una institución eclesiástica y militar que físicamente dependía de la autoridad de la Iglesia y que ese vicariato fue volcado en toda la zonificación militar del país, cubriendo comandos de zona, batallones, regimientos. Alrededor de 100 capellanes tuvieron relación directa con los ejecutores y con unidades que alojaron detenidos en Centros Clandestinos de detención. Su papel fue central en el plan de exterminio para justificar teológicamente los crímenes y acallar las conciencias intranquilas de los propios ejecutores".

En el escrito público también se recuerda que "la noche previa al golpe, dos de los jefes de la conspiración, el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera, se reunieron con la cabeza del Episcopado en la sede del mismo en Capital Federal".