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El operativo desplegado el miércoles en Rosario es la partida de defunción de la política de seguridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, y la puesta en escena de su fracaso. Vimos un megaoperativo realizado por el gobierno federal, con un funcionario como Sergio Berni, que tiene el control sobre las fuerzas federales, y liderado por una investigación llevada adelante por los fiscales federales de la Procunar. Además vimos que el gobierno tuvo que desbandar a la División Judiciales, que sostuvo hasta ese mismo día.

El gobierno provincial desde el año pasado llevó adelante una estrategia que he llamado la des-federalización del abordaje de drogas. Con ella, boicoteó el trabajo de los fiscales federales y echó a perder un acuerdo que el Procurador provincial Jorge Barraguirre había realizado con la Procunar. Lo hizo con un pésimo reflejo político, y se infiere que muy procupado porque estas investigaciones mostraban la participación de la policía provincial en el negocio, que ya llevaron preso al ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Toniolli.

Entonces, el gobierno provincial no tuvo mejor idea que hacer un pacto con la División Judiciales de la policía, que lo llevó de las narices para conseguir un juez, Juan Carlos Vienna, para emitir órdenes de allanamientos en lugares de ventas de drogas. Esto motivó incluso una nota de todos los fiscales federales de Rosario advirtiéndole que ese camino no podía traer más que problemas.

Tuvo que venir el gobierno nacional a resolver las cosas que la provincia no ha sabido resolver. El gobernador Antonio Bonfatti y el ministro de Seguridad Raúl Lamberto miraron por el televisor de Prefectura la manera en que se hacen las cosas, con una gentileza de parte del gobierno nacional de hacer participar un grupo mínimo de la Policía para que no quede esto como una intervención federal en Santa Fe.

Lo que debería hacer el gobierno es producir información adecuada sobre el delito, porque ahora depende de lo que le cuenta la policía. Y sobre todo llevar adelante una reforma integral de la policía, que requerirá de un acuerdo. Hay sectores en la política santafesina muy dispuestos, porque ya lo han demostrado, a acompañar al gobierno si abandona el circo comunicacional y encara una reforma estructural de la institución policial, que es el principal actor involucrado en los delitos. Además, debe tener políticas activas de prevención social del delito.

* Titular de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).