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Empleados contratados de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, que asisten a adolescentes en conflicto con la ley penal, están de paro hace más de diez días, en reclamo de sueldos atrasados, que en algunos casos llegan a cuatro meses. Según acusaron, desde el gobierno provincial se les reclamó "ponerse al día" con los pagos de monotributos, "como condición para cobrar. Piden que paguemos los Ingresos Brutos provinciales, como método extorsivo de recaudación fiscal, en el que el gobierno provincial pone por encima de los derechos de los jóvenes y de los trabajadores un fin meramente fiscalista", dijeron. Sin embargo, aclararon que "tampoco han cobrado quienes se encuentran al día". La situación más dilatada es la de la psicopedagoga -que presta servicio en todas las dependencias del área donde hay pibes, incluido el Instituto de Recuperación del Adolescente (IRAR)-, quien cumple un rol "importantísimo" para los jóvenes.

También demandan el pase a planta de todos los profesionales, la inclusión en el incremento salarial de los empleados estatales y el reintegro del descuento que sufrieron tras una jornada de protesta. Al mismo tiempo, exigieron un derecho elemental: que el agua potable llegue a todos los pabellones del Irar, donde hay unos 50 chicos alojados.

"La política de este gobierno hoy en día es predominantemente represiva, en virtud de que los principales actores encargados de la promoción de derechos nos encontramos en condiciones de precariedad laboral, sin recibir las remuneraciones en cantidad, tiempo y forma correspondiente y sometidos a un constante apriete y persecución. De esta manera, se vulneran los derechos más elementales de los jóvenes: salud, educación, esparcimiento, asistencia y acceso al agua potable", expresaron los empleados en conflicto laboral.

Las voces son muchas y los relatos, coincidentes: "El Irar sigue siendo una cárcel", concuerdan quienes hablan, pero piden no ser mencionados. Es que cada mes llegan un promedio de diez pibes en conflicto con la ley penal al lugar donde se promete "recuperación". De esa cantidad, queda menos de la mitad. "Los llevan ahí unos días, a modo de penitencia", sostienen. "El Poder Judicial, juzgue o no, además de dictar algunas medidas cautelares, tienen al Irar como destino principal para los jóvenes. Y eso sucede porque no hay programas alternativos en la provincia; porque no los ofrece el estado", dijo otra de las voces.

Los empleados señalan que "no se contemplan proyectos de egreso ni siquiera con los jóvenes que pasan gran parte de su adolescencia en Irar. Esto no lo hace la Dirección de Justicia Penal Juvenil, ni el Poder Judicial; y los pibes terminan sintiéndose obligados a intentar egresar por sus propios medios".

El término "cárcel" utilizado por quienes conocen y conocieron el Irar, no es casual: adentro "las condiciones edilicias son aberrantes: ni siquiera hay agua potable en los espacios de alojamiento; ni hablar de cloacas". Según se relató a este diario, dentro de cada pabellón hay una suerte de "buzón" individual donde los pibes pasan "gran parte del día solos". Aunque desde el presunto suicidio de Jonathan Retamoso -su familia descree esa versión, y el caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 14º de Rosario-, en diciembre de 2011, "algunos de los buzones son compartidos entre dos. Es el encierro dentro del encierro", aseguran.

Además, los trabajadores se quejaron que en el marco de los exámenes para pasar a planta permanente "desaprobaron a un compañero en la segunda etapa, en un intento por dejarlo afuera del Irar, en razón de diferencias político-ideológicas". El empleado "está trabajando con contrato desde octubre de 2010". El reclamo va más allá cuando argumentan que "al dejar afuera al compañero, queda un cargo vacante; es decir, una persona menos trabajando con los 50 jóvenes en situación de encierro".