La Cámara de Diputados aprobó ayer una comisión investigadora que pondrá bajo la lupa las "acciones" de dos funcionarios de la Casa Gris, Javier Echaniz y Martín Degrati, que manipularon la computadora Mac del empresario Luis Medina -﷓pocas horas después de su asesinato, el 29 de diciembre-﷓ y la "responsabilidad" del ministro de Gobierno, Rubén Galassi y de su colega de Seguridad, Raúl Lamberto, "en torno al caso", entre otras cuestiones. El proyecto salió con 29 votos a favor y dos abstenciones, tras la retirada de los 15 diputados del Frente Progresista que abandonaron el recinto para "no convalidar" la iniciativa y anunciaron que "no participarán" en la investigación parlamentaria. "Esto es producto de la desesperación política", acusó el radical Santiago Mascheroni a sus colegas que se quedaron en sus bancas y votaron. La réplica fue inmediata. "Es lamentable que se vayan porque eso demuestra que algo raro hay y por eso, no quieren que se investigue", retrucó la diputada Alejandra Vucasovich.

El asunto era el último del orden del día, el número 50. El número 49, fue la creación de otra comisión investigadora por los presuntos manejos del presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, que el Frente Progresista votó en contra (ver aparte). Pero al toque, cuando comenzó a tratarse el asunto 50, Mascheroni retiró al oficialismo del recinto. "El Frente Progresista se opone a este proyecto. No vamos a participar en el debate ni vamos a integrar la comisión", dijo el legislador de la UCR. Y acusó a sus pares del justicialismo y del Pro por una supuesta "desesperación política de reinstalar un tema que la justicia investiga. No debemos involucrarnos en las actuaciones de la justicia -﷓los aconsejó-﷓. Esto tiene una dirección política que no vamos a acompañar y no vamos a legitimar con nuestra presencia". Y quince bancas quedaron vacías.

Vucasovich le contestó cuando los que se iban aún no habían llegado a la puerta. "No hay desesperación política", dijo. "Lo que hay es un tema delicado que dejó muchas dudas, entonces lo mejor es tratar de esclarecerlo porque hace a la salud de la política" y no "negar o intentan tapar los hechos".

"Hay dos funcionarios implicados que me producen sospechas por hechos anteriores, que se reiteran ahora", dijo Vucasovich en referencia a Echaniz y Degrati. "Hay un acta policial donde los tiempos no cierran. Y si el gobierno tiene razón y los funcionarios no incumplieron ninguna ley, si el procedimiento fue correcto lejos de asustarse o de enojarse por una comisión investigadora tendrían que integrarla para garantizarle a la sociedad que las cosas se hicieron bien. Es lamentable que los diputados del oficialismo se vayan porque esto demuestra que algo raro hay y por eso no quieren la comisión investigadora", explicó.

El presidente de la Cámara, Luis Rubeo llamó a votar el proyecto en forma nominal. Había 31 diputados presentes y 19 ausentes (los 15 del oficialismo, más las justicialistas Erika Gonnet y Aliza Damiani que ayer no asistieron y dos del Pro: Raúl Fernández y Demetrio Alvarez). El resultado era cantado: 29 votos a favor (del PJ y sus aliados) y dos abstenciones (de los peronistas disidentes Norberto Nicotra y Miriam Cinalli).

La votación ya metió ruido en la bancada del Pro. Un rato antes, Fernández (jefe de bloque y operador de confianza de Miguel Torres del Sel) había participado en la comisión de Labor Parlamentaria, lo que significa que se fue de la Legislatura para no votar la investigadora, como sí lo hicieron sus colegas: Vucasovich, Federico Angelini y Germán Mastrocola. La fractura quedó a la vista.

El dictamen que salió ayer es una síntesis de dos proyectos de Vucasovich y del diputado del PJ, Héctor Acuña. "Hablan de desesperación política. Pero el único que estaba desesperado para que no se supiera que había en la Mac de Medina era el gobierno. Le hicieron decir al gobernador Bonfatti: 'Si no hay orden judicial es imposible que actuemos'. La justicia nunca solicitó la colaboración del gobierno ni hubo autorización para (que Echaniz y Degrati) actuaran de la manera que actuaron", dijo Acuña. Uno de los puntos a investigar es quién dio la orden judicial para que los funcionarios operaran la Mac y la brecha desde que abrieron la máquina y comenzó a gestionarse esa autorización judicial, que según el acta fue de 20 minutos y según una de las juezas que intervino, de 40 minutos.

Otro legislador del PJ, Eduardo Toniolli, también le respondió a Mascheroni. "La Cámara tiene potestades constitucionales para integras comisiones investigadoras" y una de sus misiones "es el contralor del Poder Ejecutivo", dijo. "La justicia ha tomado cartas en el asunto, mal estaríamos si no lo hubiera hecho. También presentamos una denuncia penal para que se investigue, y si hay algún actor de la justicia que ha cometido irregularidades en la investigación le pediremos el jury", apuntó.