Mientras la interventora del PAMI nacional Graciela Ocaña cargó ayer contra el gremialista Raúl Praino a quien mencionó como responsable de un 'supuesto desborde' de los servicios en Rosario y en especial en el sector de ambulancias y del PAMI II; los delegados de la Asociación Trabajadores del Estado plantearon que lo que ella tiene que decir es que "existe una mafia en red que actúa no sólo en Rosario sino en todo el país". Raúl Daz y Antonio Morante señalaron que "las condiciones laborales hacen agua y que se debe hablar y actuar con mayor claridad porque hoy cualquiera le pega a Praino" pero no habla de la complacencia con la situación que tanto perjudica a los afiliados por parte de la dirigencia de la UTI y de UPCN.

Ocaña dijo ayer a Radio Dos que lo que aparece como un desborde en la obra social del PAMI se debe a una "maniobra armada por el sindicalista Raúl Praino y otros que junto a él tuvieron el control del instituto" durante el menemismo. Las declaraciones de Ocaña provocaron también la reflexión de otro sector del complejo entramado gremial que convive en lo que constituye la Delegación IX con sede en Rosario donde esta semana hubo corte de calles en protesta de un sector de los empleados, por las malas condiciones de trabajo y en especial de quienes se desempeñan en el escasísimo número de ambulancias, 2 o 4 según los días.

La interventora nacional de la obra social de los jubilados también opinó que el amontonamiento de pacientes en el PAMI II se debió a la "ausencia de médicos que faltaron a su trabajo" y sostuvo que esto se dio "en el marco que nada tiene que ver con la casualidad".

Sin embargo desde la Asociación Trabajadores del Estado los delegados del personal Raúl Daz y Antonio Morante recodaron que después de las investigaciones llevadas a cabo por la Sindicatura General de la Nación en el año 1999 y en el 2000 en relación con el accionar de (Raúl) Praino -que continúa siendo empleado del PAMI I- y otras personas que operaban en la Unidad de Policlínicos de Redes de PAMI integradas "terminaron con el sobreseimiento de los imputados" con el argumento de que ellos eran funcionarios y que no tenían manejo de dinero.

"Eso no es cierto porque la UPPRI pagaba a prestadores y el dinero venía del Pami central como ahora", señalaron a la vez que explicaron que "ahora es fácil 'pegarle' a Praino y hablar de quienes se ¡están quedando sin cajas' porque no se hace reeferrencia a la complacencia de otros sectores con las situaciones que se describen". Se refirieron a los que encabezan Ricardo García de la Unión de Trabajadores del Instituto y también a la dirigencia de la Unión del Personal Civil de la Nación e insistieron en las deficientes condiciones de trabajo que en general soportan quienes trabajan en distintas dependencias del PAMI. El sector de ambulancias "se cae a pedazos" dijo Daz cuando recordó que en el 2002 se desbarató el Centro de Emergencias y Traslados que prestaba servicios para mejor atención de los móviles y por tanto de los pacientes.

"Para Ocaña puede ser difícil desbaratar la mafia de la que ella misma habla pero en realidad lo que tiene que decir y sobre lo que debe actuar es sobre las redes integradas de mafia que están en todo el Pami",

dijeron los delegados de ATE que insistieron en que la falta de elementos de trabajo y de personal y la recarga del que se desempeña allí son condicionantes que influyen en los padecimientos de los pacientes respecto de los turnos y de la atención general.