Mientras, la coalición de partidos gobernante comenzó a dar pasos en busca de consensuar con la oposición una reforma política que permita salvar al Congreso de la crisis en el que quedó envuelto por los procesos a legisladores relacionados con las organizaciones de ultraderecha.

Las declaraciones de Uribe tiene que ver con una denuncia que hizo a comienzos de año el ex titular de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, que reveló que el mandatario lo había llamado en diciembre pasado para hacerle preguntas sobre las investigaciones contra el ex senador Mario Uribe.

El presidente le pidió retractarse, pero el magistrado no sólo lo reiteró, sino que lo retó a someterse a un detector de mentiras, reseñó la agencia DPA.

Tras el enfrentamiento verbal, Uribe demandó a Valencia por injuria y calumnia, en un proceso que avanza sin que ninguno de los dos haya dado un paso para llegar a conciliación.

El caso de la demanda de Uribe contra el magistrado se reavivó por las nuevas tensiones entre el gobierno y la Justicia y el arresto del ex senador Uribe, quien el martes pasado fracasó en su intento de lograr asilo político en Costa Rica.

El primo del presidente, líder del partido oficialista Colombia Democrática, es investigado por la Fiscalía General por presuntos nexos con paramilitares que le habrían dado apoyo en las elecciones parlamentarias de 2002 y 2006.

Uribe insistió hoy con que su gobierno es prudente frente al tema y solo espera que la Justicia cumpla con su deber de investigar al ex senador, y volvió a negar presiones sobre los magistrados.

"Si me demuestran que he ejercido presiones sobre la Justicia, renuncio al cargo", prometió Uribe en declaraciones a la cadena radial RCN.

En la investigación sobre nexos entre los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y congresistas están comprometidos más de 60 legisladores, elegidos en 2006, 32 de los cuales, incluido el primo de Uribe, están presos.

La cuestión derivó en un fuerte debate interno sobre qué hacer con el Congreso, y por eso el oficialismo, que no tiene los votos que necesita, apunta a acordar con la oposición una reforma política.

Algunos de sus representantes se declararon dispuestos a aceptar el reclamo del Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, respecto al tema de la llamada "silla vacía", señala hoy el diario El Tiempo.

La oposición pretende que cuando se abra una investigación contra un parlamentario por nexos con grupos paramilitares, inmediatamente quede vacía su banca, mientras la coalición gubernamental insiste en que sea sustituido por otro compañero de filas.

Esta concesión apareció en escena después que el oficialismo llegó a la conclusión de que no dispone de los 84 votos necesarios para aprobar la reforma en la Cámara de Representantes el próximo martes, indicó Radio Caracol.

La coalición pro-gubernamental tiene 111 miembros en ese órgano legislativo, pero 35 de ellos están impedidos de votar por estar sometidos a investigación o detenidos a causa de la parapolítica.

El líder del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, anunció que esa formación política no votará a favor del proyecto legislativo, que considera inocuo. Idéntica posición mantiene el Polo Democrático Alternativo (PDA), la principal fuerza opositora, que además reclama la convocatoria de una Asamblea Constituyente para enfrentar la actual crisis política.

Un comentario de la popular emisora W, señaló hoy que antes que los liberales y el PDA lleguen a un consenso con la coalición gobernante, quieren definir primero una posible tercera reelección del presidente Uribe, aunque éste negó que busque otro mandato.