Así lo resolvió el juez como una medida cautelar para evitar que pueda sufrir modificaciones los archivos de las AFJP ante la anunciada estatización del sistema de reparto.

Bonadío dictó esta resolución luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció esta mañana a las diez AFJP -incluida la estatal Nación- por presunta administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado que habrían realizado en la víspera.

Marijuan atribuye a las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración pública.

Marijuan efectuó la denuncia en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), y en ella pide que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.

También reclamó una medida cautelar "ante la inminencia de que el Estado asuma la dirección de un sistema único de jubilaciones y pensiones, se impone la necesidad de ordenar a las Administradoras que se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran".

Esa medida fue requerida ante la posibilidad de que se ocasionen "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".

Marijuan sostuvo que corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones "efectuar el debido control sobre las inversiones realizadas por las Administradoras hasta el día de la fecha".

El fiscal reclamó el allanamiento a las administradoras denunciadas para "asegurar la prueba documental de interés para la pesquisa", y que "se haga lugar a la medida de no innovar peticionada".

En base a informaciones periodísticas, el denunciante afirmó que el 77 por ciento de los 446.000 jubilados cuyos haberes son responsabilidad de las AFJP terminan siendo pagados con recursos del Estado, al tiempo que 33 mil personas que integran el sector pasivo y que están afiliadas a las AFJP reciben el total de un haber del Estado.

Ello es así "por cuanto sus aportes ya no existen más; 220 mil reciben la mitad; y para otras 100.000 una parte del haber es estatal; apenas 23 por ciento, es decir 103 mil jubilados cobran todo su haber de la AFJP", según reseñó.

"El nivel de títulos públicos que tienen las AFJP (cerca del 60 por ciento) se convirtió en 'un régimen de reparto caro, donde el Estado paga altas tasas de interés y los particulares grandes comisiones'", se afirma en otro de los párrafos de la denuncia.

Marijuan citó cables de agencias de noticias según los cuales "la actual crisis pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado. El Estado tendrá que salir a rescatar de una forma u otra a los futuros jubilados del sistema".

En el escrito se señala que ayer "se produjo otra abrupta caída de los mercados locales reseñándose por los matutinos de la fecha que los bonos cayeron hasta un 12,5 por ciento y la bolsa un 3,3 -índice Merval-".

"Frente a los serios y fundados argumentos de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones existentes y que trascendieran", las AFJP habrían "efectuado operaciones financieras en claro detrimento de los intereses de sus afiliados, dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones legales vigentes".

El fiscal se preguntó "si puede considerarse una inversión o un acto de administración la acción común deplegada por varias sociedades privadas y distintas en pos de liquidar sus posiciones a cualquier costo cuando ya sabían que había una disposición estatal de absorberlas".

Entre las medidas de prueba solicitó que se requiera al Mercado de Valores y al Mercado Abierto Electrónico (extrabursátil (MAE) que informe, con "carácter de urgente trámite", la totalidad de operaciones financieras efectuadas por las AFJP en los últimos siete días.