Las firmas, llevadas hasta el Parlamento a través de una cadena humana iniciada en la Federación Ancap, fueron recibidas por el precandidato oficialista para las elecciones presidenciales de octubre, el senador José Mujica, en su carácter de vicepresidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa.

El Congreso debe ahora remitir las firmas a la Corte Electoral, según informaron la agencia de noticias Prensa Latina y medios locales.

La entrega de las firmas prosiguió con un acto frente a las puertas del Parlamento, en el que hablaron dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, que integran la Comisión junto a la central obrera PIT-CNT.

Entre ellos, el titular de la organización sindical, Luis Puig, definió que con la entrega de las firmas comienza la segunda etapa del proceso en el que la gente deberá votar para anular la normativa que impide someter a proceso a militares por hechos ocurridos durante la dictadura militar.

Será la Corte Electoral la que ahora debe determinar la validez de las firmas para convocar a la consulta popular que tendrá lugar junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre, tarea para la que tendrá 90 días.

La cantidad de firmas recolectadas supera largamente la exigencia legal de 10 por ciento del padrón, equivalente a 250 mil rúbricas.

De acuerdo con una encuesta de la consultora Factum, difundida ayer, el 46 por ciento de los uruguayos con derecho al sufragio se inclinaría por derogar la normativa, y el 30 por ciento se pronunciaría por mantenerla, mientras el 24 por ciento rehusó opinar.

Para anular la también llamada Ley de Impunidad basta con una mayoría simple de papeletas, de modo que si en definitiva se somete a plebiscito, sus días estarían contados.

El propio jefe de Estado, Tabaré Vázquez, se pronunció ayer desde Costa Rica a favor de la derogación de la ley pese a que se había negado a firmar para promover el plebiscito, aunque le dio a la norma una nueva interpretación que habilitó investigaciones sobre restos de desaparecidos y permitió juzgar a algunos ex policías y militares, entre ellos al ex jefe del Ejército y ex presidente de facto Gregorio Álvarez.

"La considero absolutamente inconstitucional" y "espero fervientemente, como ciudadano uruguayo, que el pueblo anule esta ley", afirmó Vázquez, quien consideró que "el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos".

La recolección de las firmas, guardadas en unas 30 cajas, involucró a cientos de activistas y se extendió a otros países, y contó con la adhesión del propio Mujica, quien hoy las recibió, y de otros políticos y referentes, como el escritor Eduardo Galeano y Macarena Gelman, nieta del escritos argentino Juan Gelman, nacida en cautiverio durante el secuestro de su madre desaparecida.

El acto de entrega, para el cual se anuló la circulación de vehículos en la principal arteria de Montevideo, la avenida 18 de Julio, culminó con una festival que se extenderá hasta cerca de las 2 de la madrugada, en el que actúan reconocidos artistas.

La ley, promulgada en democracia, en 1986, durante el gobierno del presidente Julio Sanguinetti, ya fue sometida a un primer plebiscito en 1989, cuando fue refrendada con 57 por ciento de los votos contra 43 por ciento que se opuso.