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En sendas resoluciones de 43 y 110 carillas, respectivamente, el magistrado rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino y declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

El TOF5 tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El represor, oportunamente extraditado del Reino de España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA; el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de 'alto policía'", en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal.

La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.

"La intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información", recordó el magistrado.

Con la intervención del secretario Pablo Yadrola, el juez tuvo por acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.

El magistrado probó que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Walsh "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.

Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, Torres calificó las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".

En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, el juez explicó que esa investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.

"Sérpico" está procesado al igual que los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros; por los hechos registrados en los primeros días de diciembre de 1977, cuando el grupo de tareas de la ESMA secuestró a una decena de personas en la puerta de la Iglesia Santa Cruz, sita en Estados Unidos 3150, de esta Capital.

En esa ocasión fueron privadas de su libertad las religiosas Domon, Duquet, las Madres de Plaza de Mayo María Esther Ballestrino de Careaga y Villaflor, junto a Remo Carlos Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, Patricia Cristina Oviedo y Raquel Bulit.

El juez afirmó que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestinos de detención con destino incierto".

Además de estas causas elevadas a juicio oral y público, Cavallo tiene procesamientos confirmados por otros centenares de hechos y por la apropiación de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", afirmó el juez al dictar esos procesamientos.

Torres explicó que "durante el período en el que el último gobierno de facto se hizo cargo de todos los poderes públicos, se instaló en el país un sistema de represión clandestino en el que se produjeron enorme cantidad de delitos que deben ser considerados crímenes contra la humanidad".