En una resolución adoptada por aclamación en presencia de Zelaya, la Asamblea General condenó en Nueva York "el golpe de Estado en la república de Honduras, que ha interrumpido el orden democrático y constitucional".

Zelaya denunció en un discurso el golpe de Estado como un "zarpazo a la democracia" perpetrado por "líneas de élite que se oponen a los cambios".

Minutos antes, el órgano mundial había pedido "la inmediata e incondicional restauración del gobierno legítimo" de Zelaya.

La Asamblea, donde están representados los 192 países de la ONU, hizo además un llamado a todos ellos a "no reconocer a ningún otro gobierno que no sea el del presidente Constitucional Manuel Zelaya".

En su discurso, Zelaya denunció las condiciones en que fue expulsado de su país y "prácticamente arrojado de un avión en el aeropuerto de San José" de Costa Rica el domingo pasado.

Por otra parte, dijo que las múltiples acusaciones en su contra en Honduras nunca se formalizaron por el canal jurídico y legal. "Nadie me ha hecho un juicio, nadie me ha convocado a un tribunal, nadie me ha dicho cuál es el delito", insistió.

El proyecto de resolución de apoyo al presidente depuesto había sido presentado por Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Antigua y Barbuda, Guatemala y República Dominicana.

Se sumaron después Estados Unidos, Canadá y Colombia, luego de que se aceptaran varias enmiendas, incluyendo una que expresa un "decidido respaldo" a los esfuerzos regionales de organismos como la OEA para resolver la crisis.

Zelaya agredeció el apoyo internacional y aseguró haber recibido llamadas de respaldo de los presidentes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y México.

"Luchar por la democracia no es luchar por un país o un pueblo sino por todos los pueblos", dijo Zelaya, en un discurso improvisado en el que aseguró que la ONU "es una garantía de la democracia en el mundo".

Zelaya fue secuestrado en su residencia por un grupo de militares y trasladado a Costa Rica el domingo, poco antes de la hora prevista para el inicio de una consulta popular que se empeñaba en realizar pese a que había sido anulada por una orden judicial apoyada por el Congreso.