Martes, 28 de julio de 2009
| Hoy
18:21 › "DESVIRTUARíA LA CREDIBILIDAD"
El máximo tribunal de la Nación se mantendrá al margen de la polémica por el Consejo de la Magistratura y esperará que sea el Congreso el que resuelva si reforma o no el cuerpo encargado de juzgar a los jueces, proponer candidatos para cargos vacantes y administrar el presupuesto de la Justicia.
Así lo deslizaron hoy fuentes judiciales, que explicaron que "no le corresponde a la Corte legislar sobre el Consejo de la Magistratura", aunque manifestaron su "preocupación" por la forma en que está funcionando. Pese a esa "preocupación", la Corte no tiene previsto emitir "ni un fallo, ni un pronunciamiento, ni una acordada" sobre la situación en el Consejo.
En su primer acuerdo después de la prolongada feria judicial de invierno, al que faltaron los ministros Raúl Zafaroni y Carmen Argibay -ambos de licencia-, la Corte recibió un informe del secretario letrado Cristian Abritta sobre el estado procesal de los cuatro expedientes que el tribunal tiene a estudio sobre la ley que en 2006 reformó el Consejo, a iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández.
De allí surgió que la Corte no tiene previsto emitir una declaración o una acordada sobre el debate en ciernes ya que ello "desvirtuaría la credibilidad" del alto tribunal en un tema que es de decisión "eminentemente de otro poder del Estado".
En cuanto a los expedientes a estudio sobre el Consejo, el más avanzado en cuanto a su estudio parece ser el del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presentado originalmente por el abogado Ricardo Monner Sans, que cuestiona la merma en la representatividad de ese sector en el cuerpo, que se redujo de cuatro a dos.
Acotada a esa situación, la Corte sólo podría pronunciarse por la inconstitucionalidad de esa parte de la reforma de la ley, en tanto otros tres expedientes aparecen salpicados por cuestionamientos en cuanto a la "legitimación activa" (esto es la capacidad para reclamar en el expediente) de quienes los presentaron.
En ese sentido, parece decidido que no prosperarán por falta de legitimación los expedientes de la Asociación de Abogados y de la organización no gubernamental ACIJ, aunque sí podría tener cabida uno iniciado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y continuado por la legisladora de esa fuerza Marcela Rodríguez, quien apunta a la representación en el Consejo de la segunda minoría parlamentaria.
Los cuatro expedientes tramitan juntos y en estos momentos están en la vocalía de Carlos Fayt, el primero en tener las causas para emitir su voto y hacerlo circular entre sus colegas.
Las fuentes reconocieron que el Consejo es parte de una "parálisis fenomenal" en la Justicia, que tiene que ver con "cuestiones de infraestructura, necesidades de los jueces que no se resuelven, demoras en las designaciones y prolongación de los concursos".
Si bien públicamente el alto tribunal no tiene previsto pronunciamiento alguno, las fuentes deslizaron que internamente insistirá con los reclamos al Consejo para "conseguir un funcionamiento adecuado".
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