El ex gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, fue condenado a la pena de 20 años de cárcel por el incendio que le provocó la muerte a 193 personas el 30 de diciembre del 2004, pero todos los músicos del grupo Callejeros fueron absueltos por el "beneficio de la duda".

Según el fallo unánime que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24, Chabán fue considerado coautor del delito de incendio doloso calificado por causar la muerte a 193 personas y heridas a otras 1432 personas, en concurso real con cohecho activo.

Sin embargo, los jueces absolvieron de culpa y cargo por todos los delitos a los integrantes de Callejeros, excepto a su manager.

Los absueltos fueron el cantante y líder del grupo Patricios Santos Fontanet, el bajista Christian Torrejón, el baterista Eduardo Arturo Vázquez, el guitarrista Elio Rodrigo Delgado, el saxofonista Juan Alberto Carbone, el ex guitarrista Maximiliano Djerfy y al escenógrafo Daniel Cardell.

Los jueces condenaron también en el mismo fallo al manager de la banda, Diego Argañaraz, como partícipe necesario del delito de incendio doloso calificado por causar la muerte a 193 personas y heridas a otras 1432 personas, en concurso real con cohecho activo, y le aplicaron la pena de 18 años de cárcel.

En tanto, el subcomisario Carlos Díaz fue condenado por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el incendio doloso, en el grado de partícipe necesario, a la pena de 18 años de cárcel.

La ex funcionaria del gobierno porteño Fabiana Fiszbin fue condenada a la pena de 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al igual que la otra ex funcionaria porteña Ana María Fernández.

El ex mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal, fue condenado por el TOC 24 a la pena de 1 año de prisión en suspenso por ser partícipe secundario del delito de cohecho activo.

El comisario Miguel Belay fue absuelto por el beneficio de la duda como ya lo había considerado el fiscal Jorge López Lecube.

Respecto al ex funcionario porteño Gustavo Torres, ex director adjunto de Fiscalización y Control, el tribunal también lo absolvió por el beneficio de la duda.

Por otra parte, los jueces condenaron a los 15 imputados en el juicio, al Gobierno Nacional y al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a pagar en el lapso de diez días la suma de 121.600 pesos al actor civil, padre de una de las víctimas, Alberto Urcullu.

El abogado Urcullu fue el único familiar de víctimas que logró que se tratara la demanda civil durante el transcurso del debate.

Finalmente, los magistrados ordenaron que los condenados permanezcan en libertad hasta que el fallo quede firme.