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Fuentes de la APDH informaron hoy que la denuncia fue presentada por el titular de esa asamblea en Río Negro, Rubén Marigo, y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, ante el relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, Philip Alston.

En la presentación, las organizaciones consideraron que los asesinatos configuran la "muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley" y sostiene que "la violenta respuesta policial no se ajustó a los criterios de "absoluta necesidad y proporcionalidad" en el uso de la fuerza.

El 17 de junio a las 4.30 Bonefoi fue baleado en la cabeza y por el hecho fue procesado el cabo de la policía rionegrina Sergio Colombil, en tanto que Carrasco y Cárdenas murieron por heridas de perdigones de metal en incidentes posteriores a ese hecho, originaros entre policías y jóvenes manifestantes.

El CELS y la APDH responsabilizan al grupo antimotines BORA por la "brutal represión", en la que los efectivos "actuaron sin ninguna placa de identificación personal y, en la mayoría de los casos, con los rostros cubiertos por pasamontañas".

La presentación destaca además que el juez que inicialmente intervino en la causa, Martín Lozada, investigó primero el crimen de Bonefoi y luego fue apartado de la causa, aunque continúa la instrucción de los otros dos asesinatos.

El escrito señala al respecto la existencia de "obstáculos" a la investigación en el gobierno rionegrino. Asimismo, indica el documento que "de acuerdo con las denuncias recibidas por organizaciones de Bariloche, efectivos del BORA continúan hostigando permanentemente a los jóvenes de la ciudad".