El vice de Morales, quien no dio detalles de a cuánto se elevará el aumento, argumentó que Bolivia debe subvencionar la importación y el consumo de gasolina (unos 360 millones de dólares al año, según estimaciones oficiales) y que parte de ese carburante es contrabandeado a países vecinos.

El vicepresidente, entrevistado por el canal estatal, dijo que esos recursos que Bolivia pierde son "como una vena abierta" y aseguró que "algún rato hay que cerrar esa vena abierta".

Bolivia tiene un consumo de 35.000 barriles diarios de crudo, y en 2010 sólo ha producido unos 4500 barriles por día. El faltante es importado de Venezuela o la Argentina, principalmente, y lo vende a precio subvencionado. "A largo plazo es insostenible" mantener los precios subvencionados de los hidrocarburos, señaló el vicepresidente.

El gobierno de Morales elevó hace una semana el precio de la gasolina y el diesel en más de 80 por ciento, el rango más alto de la historia, para eliminar la subvención y evitar el contrabando, pero la decisión desencadenó violentas protestas civiles, principalmente en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, sus bastiones electorales.

Los incidentes dejaron 15 heridos y 21 detenidos y una fuerte escalada inflacionaria de alimentos, lo que obligó a Morales el viernes a derogar su propia medida.

El vicepresidente señaló que hay una brecha de precios en Bolivia y los mercados internacionales y una "sangría" de recursos públicos, aunque para contrarrestar estos problemas el pueblo dirá cómo y cuándo hacer.

"Eso (reajuste de precios) será en consulta con el pueblo, nosotros gobernamos con el pueblo. ¿Cuándo será el momento? ... lo va a decidir el pueblo", afirmó García, quien dijo que el presidente ya lanzó la convocatoria a organizaciones sociales para esa futura fase de diálogo, aún sin fechas.

"Hay que asumir las responsabilidades y en conjunto, con el pueblo boliviano, prepararnos para el diálogo", acotó, y recordó que sindicatos obreros, campesinos e indígenas, principalmente, son la columna vertebral del gobierno de Morales. El diálogo, dijo, le permitirá al Ejecutivo tener una idea de cuándo aplicar la medida y cómo ejecutarla de manera de evitar las protestas civiles.