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Durante su alegato, Ordiales calificó al camarista mendocino como "funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado" y aseguró que "deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia" ya que "en todo momento mostró su absoluto desprecio por los Derechos Humanos y la ley". Con esos argumentos, Ordiales –quien junto al diputado Carlos "Cuto" Moreno representan al Consejo de la Magistratura en la acusación- pidió la remoción por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

Ordiales agregó que Romano evidenció una “omisión deliberada, sistemática y prolongada en el tiempo de investigar las denuncias” por gravísimas violaciones a los derechos humanos que recibió, entre 1975 y 1983 cuando aún era fiscal federal y puso énfasis en la "indignidad" demostrada por el suspendido camarista al "fugarse" del país el 24 de agosto.

Por su parte, la defensora oficial negó que su asistido hubiese tomado declaraciones en centros clandestinos de detención, tal como afirmaron varios testigo, al considerar que "los miembros de la justicia federal no tenían la posibilidad de controlar" el accionar de las fuerzas represivas.

Tras los alegatos de las partes, los integrantes del jury se retiraron a deliberar para el dictado del veredicto que, se estima, podría conocerse a mediados del mes de diciembre, pese a que el plazo de 180 días que tiene el jurado para expedirse recién vence en febrero de 2012.

En este juicio político el jurado está presidido por la jueza María Alicia Noli e integrado su colega María Susana Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade, en representación de los letrados matriculados.