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El ministro de Asuntos Exteriores español advirtió también que el anunció de la presidenta, Cristina Kirchner, "rompe el principio de seguridad juridica y amenaza a cualquier inversor internacional", y sostuvo que "el gobierno argentino ha estado cerrado a cualquier tipo de diálogo con el gobierno español". Añadió además que su gobierno anunciará "en su momento" las medidas que adoptará frente a la expropiación.

"Es una decisión hostil contra Repsol y por lo tanto contra España", advirtió Soria, quien señaló que "el gobierno español actuará en consecuencia". Para el gobierno de España, según sus ministros, la medida adoptada por la Argentina afecta a los accionistas españoles de Repsol pero también "extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino" porque vulnera el "clima de confianza que necesitan los inversionistas internacionales".

Poco después del anuncio de Buenos Aires, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le brindó el respaldo de su partido a Brufau por teléfono y reiteró que "respaldará al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas".

Izquierda Unida (IU) y Ecologistas en Acción, por su parte, condenaron las "amenazas" y el "colonialismo duro" con los que reaccionó Madrid. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, advirtió que Repsol "tiene compromisos de rentabilidad, pero también sociales", un campo en el que su conducta "deja bastante que desear, ya que tiene empresas o intereses en paraísos fiscales". Ecologistas en Acción fue más lejos que IU, apoyó la expropiación y afirmó que Repsol no es una empresa española "sino de sus accionistas", agregando que "no existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa".

El diario El Mundo, a su vez, titula en su página web "Kirchner expropia YPF", al tiempo que agrega que "el tribunal de tasación argentino decidirá cuánto hay que pagar por la compañía", destacando que "Argentina expulsa de la sede de YPF a los directivos españoles". El País, mientras tanto, destaca que "La presidenta argentina anuncia la expropiación de la petrolera YPF", y explica que "Fernández traslada al Congreso el proyecto de ley para tomar el control del 51 por ciento de las acciones de la filial de Repsol". "Tras amenazar durante semanas con hacerse con la compañía, la presidenta anuncia que la producción de hidrocarburos será de interés público. Las acciones de la empresa, suspendidas, han llegado a caer un 19 por ciento en Nueva York. YPF aporta la mitad de la producción de Repsol", explica el periódico español a sus lectores.

El diario de negocios El Economista, por su parte, dice en su edición digital que "Argentina expropiará el 50,01 por ciento de YPF: golpe para Repsol de Cristina Kirchner", toda una interpretación de un medio de comunicación muy hostil a los gobiernos latinoamericanos, en particular a Venezuela.

Menos comprometido, el tradicional La Vanguardia, de Barcelona, titula que "Argentina expropia YPF a Repsol", mientras que su corresponsal en Buenos Aires, Robert Mur, explica que la presidenta "Cristina Fernández ha aprobado la nacionalización del 51 por ciento de las acciones que la compañía española posee sobre su filial argentina", agregando que "la presidenta argentina justifica su decisión por la falta de inversiones". Por el contrario, el periódico ABC, de orientación monárquica y conservadora, subraya que "Funcionarios argentinos toman el control de YPF después de su expropiación".

Pero en la parte superior izquierda de su página web, ABC decidió colocar simbólicamente la columna de uno de sus comentaristas, Jaime González, quien bajo el título de "Quien ríe último" critica la decisión. "Entre la demagogia y el populismo, entre el nacionalismo y el peronismo irredento, la mandataria argentina acaba de cometer el más grave error de su mandato: situar a Argentina en la órbita de las naciones "okupas", la de los asaltadores de derechos. Veremos quién ríe el último", sostiene González en su columna.

Finalmente, el económico Cinco Días titula "El Gobierno anuncia medidas contundentes, pero no las concreta", refiriéndose a Rajoy, y añade que los funcionarios españoles esperan "que esta decisión no suponga el inicio de una escalada contra las empresas españolas".