"El gobierno en ningún momento sugirió esta medida bajo ningún canal", enfatizó Alak al desmentir una información publicada por un matutino porteño, que en su portada aseveró que "el gobierno nacional ordenó revisar las acciones del exprocurador, acusado por el vicepresidente" Boudou. En ese sentido, el ministro manifestó su "desacuerdo con la decisión tomada por González Warcalde", de designar a los fiscales de cámara Germán Moldes, Graciela Sterchele, Eugenia Anzorreguy y Carlos Racedo para trabajar junto al fiscal Jorge Di Lello en la causa que investiga la actuación de Righi.

Esta decisión también fue cuestionada porque -tal como consignó Página/12- habría sido tomada en un clima de poco afecto que el titular transitorio guarda hacia Righi, ya que considera que durante sus ocho años de gestión lo corrió de los asuntos de mayor importancia. Es más, el propio Alak hizo mencionó esta hipótesis al sostener que esa medida es producto de "un tema personal que el subprocurador puede tener con el anterior procurador" pero que "no puede usar la administración de Justicia para resolverlo".

De hecho, recalcó que "la práctica habitual es que, cuando hay un delito importante, se nombran coadyuvantes cuando el fiscal del caso lo pide" y sostuvo que, con su forma de proceder en este caso, "se está afectando la autonomía del fiscal que investiga", en referencia al trabajo de Di Lello.