En su articulado, el proyecto precisa que deberá dejarse constancia que la expropiación del 24 por ciento de las acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros. También se aclara el Poder Ejecutivo será quien actuará como expropiante y que la tasación la efectuará el Tribunal de la Nación.

Papel Prensa S.A. continuará operando como sociedad anónima abierta, aclara la iniciativa, y especifica que no le serán aplicables "legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".

El proyecto de siete artículos fue firmado por los kirchneristas Carlos Kunkel, Diana Conti, Dulce Granados, Adriana Puiggrós, Andrea García, María Teresa García, Gastón Harispe y Graciela Giannesttasio. Establece que el día de la promulgación de la ley, la Comisión Nacional de Valores convocará a una Asamblea de Accionistas para tratar, entre otros asuntos, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes.

Actualmente, además del 27,5 por ciento del Estado, Papel Prensa está conformado por un 37 por ciento de las acciones del Grupo Clarín, un 22,5 por ciento de diario La Nación, un 12 por ciento ed Cimeco (perteneciente al Grupo Clarín) y un 1 por ciento de accionistas minoritarios.