Los procesados, sin prisión preventiva, son Pedro Müller, exgerente de Manufactura, Guillermo Galárraga, exgerente de Relaciones Laborales, y Héctor Sibilla, exjefe de Seguridad. Los tres fueron citados para una indagatoria a fines de marzo y se negaron a declarar. También la magistrada aclaró que debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, presidente de la Ford en la Argentina, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989.

A Müller los obreros lo mencionan como el “capanga” dentro de la planta, mientras que Galárraga es el que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales. En tanto, Sibilla era un militar retirado del Ejército cuando se convirtió en jefe de Seguridad en la Ford. Luego fue contratado por la embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

En la causa se investiga el secuestro de 24 obreros de la fábrica de Ford ubicada en General Pacheco, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. A los tres exdirectivos se les imputan los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas", entre otros. Se los acusa de haber entregado "al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares" la lista de los trabajadores y delegados.

Los 24 casos comprendidos son los de Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán. Todos fueron secuestrados durante el año 1976.

Según el fallo, a los tres procesados "se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías -glosadas a sus Legajos personales de la empresa- y domicilios particulares" para que pudieran ser secuestrados.

Además, están acusados por "haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio" de la fábrica de Ford. El mismo funcionó en los sectores del "Campo de Recreativo y/o de Deporte", y allí fueron interrogados los empleados de la planta. Según el fallo de Vence, los trabajadores "fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”.

"La violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos", señala el fallo.