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Esta mañana el máximo tribunal norteamericano llevó adelante la audiencia convocada para analizar el fallo emitido por tribunales de Nueva York que avalan el pedido del fondo buitre NML Capital de obtener información de activos de un Estado extranjero.

El encuentro comenzó a las 10 con la presentación del abogado del estudio Cleary & Gottlieb, Jonathan Blackman, encargado de representar al gobierno argentino y contó con la intervención en apoyo de la posición argentina del procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler. Blackman argumentó ante el máximo tribunal el hecho de que la decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa, que dio lugar al pedido de información de los fondos buitre relativa a bienes de Argentina en Estados Unidos y en el mundo, viola la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, sus siglas en inglés).

Cerca de 20 minutos después, Blackman cedió parte de la media hora de exposición que le correspondía al procurador general adjunto, Edwin Kneedler, quien representó a la administración del presidente Obama, para manifestar su apoyo a la posición de Argentina sobre la lectura errónea de la legislación por parte de las cortes inferiores. Kneedler hizo saber también la "preocupación" de Estados Unidos en caso de que las decisiones de las cortes inferiores de Manhattan sean ratificadas y resaltó la importancia de la inmunidad que la Ley FSIA otorga a los Estados extranjeros.

De acuerdo a Scotusblog, el sitio especializado en las audiencias de la Corte estadounidense, se observó un cambio en la posición de los jueces, quienes cuestionaron que los acreedores estén reclamando saber incluso "hasta cuántos aviones de combate tiene Argentina". El periodista Lyle Denniston consideró que la Argentina "podría acabar logrando algún tipo de trato especial como deudor porque es una nación y no un deudor ordinario".

En ese sentido, Scotusblog resaltó el comentario del juez Stephen Breyer, quien, frente a las afirmaciones del abogado de los holdouts, Theodore Olson, acerca de que ellos tienen el derecho de poder preguntar sobre todas las posesiones de Argentina, replicó que hay "límites" y que "cuando la soberanía está involucrada, un juez de distrito tiene que ser más cuidadoso".