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Ayer, la sección argentina de Interpol comunicó a Madrid una orden de detención preventiva de 20 personas, entre ellas Martín Villa, solicitadas por la jueza argentina María Servini de Cubría por los crímenes del régimen franquista. La magistrada reclamó a fines de octubre la extradición de los imputados.

Martín Villa, de 80 años, ocupó varios altos cargos durante la dictadura franquista, al igual que otros de los acusados, pero se lo acusa concretamente por la muerte en Vitoria (País Vasco) de cinco trabajadores en una “acción policial” en marzo de 1976, cuando ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Sindicales.

“Se me imputa una cosa que no es que no hice sino que no pude hacer. Yo no tenía mando de la policía en los sucesos de Vitoria”, dijo hoy Martín Villa, al defender su inocencia en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE). No obstante, el exministro aseguró que no se escudará en una negativa de extradición sino que su intención es declarar ante la Justicia argentina para defenderse. “Voy a solicitar declarar ante la jueza, pero procuraré hacerlo de la forma más segura y cómoda para mi”, dijo.

“No me esconderé tras la extradición, ni aceptaré que estos delitos pueden estar prescriptos o amparados por la ley de Amnistía (1977)”, afirmó y subrayó: "Ni soy un amnistiado ni he cometido ningún delito". El ex alto cargo franquista reconoció que está “pidiendo asesoramiento” ante un tema que es jurídico y político; y que también se plantea “comparecer ante el Congreso de los Diputados español” para dar explicaciones.

“Hay posibilidad de hacer una videoconferencia, una declaración por escrito, o comisión rogatoria, es decir, que la jueza venga a España. Pero si la única posibilidad que se me plantea es ir a Argentina, a lo mejor tengo que ir, pero procuraré ir bien acompañado y lo más seguro posible”, indicó.

Si bien niega los hechos que se le imputan, Martín Villa dijo que podía entender que "en una interpretación desmesurada de la justicia universal, se lo llamara a declarar para que testificara sobre su etapa como ministro de la gobernación o como gobernador civil de Barcelona”.

Además de Martín Villa, entre los imputados figuran los exministros franquistas José Utrera Molina, Fernando Suárez y Antonio Berrera de Irimo (fallecido), Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez Ventura Pascual, y Alfonso Osorio García. A Utrera Molina se lo responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España, en marzo de 1974.

Una vez cursado el pedido de extradición y comunicado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, se debería ordenar el arresto preventivo de los ex altos cargos franquistas reclamados. Sin embargo, aún no se ha producido ningún arresto. Para que se produzca una extradición es necesario que lo apruebe el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, ya se mostró contrario a la entrega de los imputados porque, en su opinión, los delitos “están prescritos en España” y “amnistiados”.