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"En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta", leyó Juan Minujín ante una manifestación con mayoría de mujeres pero con gran presencia de hombres, familias, militantes políticos, personalidades de la cultura y del espectáculo.

"En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma", continuó.

El documento elaborado por las organizadoras de la convocatoria, que según la Policía Federal reunió a más 200 mil personas en la ciudad de Buenos Aires, y que se replicó en otras 80 de todo el país, hizo hincapié en la dimensión cultural de la violencia contra las mujeres.

"El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra 'femicidio' es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos", subrayó la proclama, que asegura que "el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima".

Desde el escenario, Minujín señaló que los femicidios "no deben tratarse como problemas de seguridad", y destacó que "la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil".

Si bien se reconoció como un "paso importante en la lucha contra la violencia machista" la sanción en 2009 de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, se cuestionó que aún permanecen sin reglamentar algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

"En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales", destacó el documento, en el que se pidió también la creación de un registro oficial de femicidios, ya que "es fundamental contar con estadísticas oficiales".

"El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas", añade el documento, que lamentó que en muchas jurisdicciones son las propias víctimas quienes tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías.

"Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor, con la cual el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional".

Entre los "puntos ineludibles" que las organizadoras consensuaron "para recorrer el camino hacia Ni una menos", figura la aplicación integral de la ley 26.485, y con el presupuesto adecuado; la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres; la apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias; y la profundización en todas las currículas de los diferentes niveles la educación sexual integral con perspectiva de género.

También se exigieron garantías para la protección de las víctimas de violencia y garantías para su acceso a la Justicia, con atención de personal capacitado para recibir las denuncias; patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial; y la creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.

Los puntos salientes del petitorio, en el que también se reclamó por las víctimas de la trata de personas, son los siguientes:

* Implementar todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.

* Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia. En cada fiscalía y en cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.

* Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.

* Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar docentes y directivos.

* Garantizar la protección de las víctimas de violencia, e implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia.

La presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló desde la calle que "lo fundamental es que esta movilización genere una conciencia colectiva que nos ayude como sociedad, porque todos tenemos la gran responsabilidad de desandar los patrones históricos socioculturales machistas”.

En el mismo sentido se expresó el titular de la Red Solidaria, Juan Carr, quien dijo que "como varón vengo a pedir perdón, porque somos los que matamos a las mujeres". "Esto no es una protesta, acá está la gente esperando propuestas para que se termine la violencia de género", concluyó.