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Ochoa, quien inició la investigación la causa tuvo su origen en una denuncia de la Procelac, reclamó que se investigue si el titular de la Fundación Pensar y Centro de Estudios Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa), utilizó a la segunda organización como plataforma para desarrollar una ingeniería de lavado de activos sustraídos de manera fraudulenta de las arcas porteñas.

En su dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, la fiscal imputó a Lombardi, Goretti y también al integrante del Consejo de Promoción Cultural de la ciudad, Facundo De Almeida.

De acuerdo a la denuncia y al dictamen fiscal, el supuesto ilícito se habría concretado “a partir de la materialización de donaciones en favor de la Fundación Pensar Argentina”, cuyo “unívoco objeto consiste en ser la usina de ideas del partido PRO”, como indica la propia página web de la entidad.

Para la fiscalía Goretti Comolli, “valiéndose de la Fundación CEPPA e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural” establecido por la ley local 2264, obtuvo recursos del gobierno de la ciudad –“al menos 1.302.153 pesos”- por actos administrativos dictados por Lombardi.

La fiscal sostuvo que esos fondos “no se dirigían al destino para el que fueran suministrados -esto es la promoción de actividades culturales-", sino que “se desviaban” y servían para financiar a la Fundación Pensar Argentina, “integrada Lombardi y presidida por Goretti".

Ochoa opinó que "la maniobra consistente en la reinyección en el circuito lícito de los dineros públicos que Goretti Comolli percibiera a través de la Fundación Ceppa y luego desviara de la finalidad que motivara su asignación, podría extenderse hasta el presente".

Uno de los encargados de aprobar los proyectos y los fondos, según la Procelac, fue De Almeida. El organismo antilavado sostuvo que “no existe correspondencia alguna entre las actividades culturales por las cuales CEPPA recibió fondos públicos y aquellos propósitos perseguidos por la Fundación Pensar Argentina, que no es otro que conformar una 'Usina de Ideas de PRO'”.

Por eso, la Procuraduría, a cargo de Carlos Gonella, estimó que “debería profundizarse en el circuito del dinero, para conocer si existieron otras transferencias similares".