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"Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, señaló Bullrich luego de encabezar la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI), en la que se aprobó el protocolo en manifestaciones públicas.

“El gobierno del Presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”, aseveró la funcionaria, según se indicó en un comunicado.

Al finalizar el encuentro, Bullrich afirmó que con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas se busca “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”. Desde el ministerio de Seguridad informaron que el protocolo fue aprobado por el el 80 por ciento de las provincias.

El protocolo aprobado afirma que "manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente (...), los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente".

Se indica que la "autoridad competente" de cada fuerza y jurisdicción "tomará contacto con los líderes de la manifestación" para que "se encauce en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes". "Se coordinarán de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia", agrega el texto.

Enfatiza que las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires "deben garantizar la libre circulación de personas y bienes" en todas las vías. El Jefe del Operativo de Seguridad "impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación", señala el protocolo.

Si los manifestantes no desalojan el piquete, se les solicitará "que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia", se informará a la Justicia y "se procederá a intervenir y disolver la manifestación". Las instrucciones se harán con "frases cortas y claras". "El personal de las fuerzas no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes", agrega el documento.

También se dispone que "el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa". Y adelanta que habrá "protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales".