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Zembo recordó que desde junio de 2014, "cuando se confirmó en tercer grado la sentencia brutal de Griesa (que impedía a los acreedores reestructurados cobrar)", los bonistas representados por él no acceden al pago acordado con la Argentina por la reestructuración acordada en 2005 y protegida por las leyes de Cerrojo y Pago Soberano, que el preacuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y los fondos buitre ordena derogar.

El letrado describió el "malhumor" de los bonistas que aceptaron la reestruturación tras conocer el preacuerdo entre el gobierno argentino y los holdouts que litigaron en Nueva York, por que podrían recibir pagos mayores y además "en efectivo, no en bonos".

El abogado sostuvo que "no hay nada decidido aún", pero sus declaraciones refuerzan la posibilidad de que ante un arreglo con los acreedores que no aceptaron ninguno de los canjes, los reestructurados acudian a la justicia para pedir un trato igualitario y cobrar lo mismo que los fondos favorecidos por el fallo del juez Thomas Griesa.

A principios de febrero, Zembo también criticó el preacuerdo entre el gobierno nacional y los acreedores italianos que se negaron a ingresar a la reestructuración, representados por el lobby Task Force Argentina. “El gobierno argentino cerró con un pequeño grupo de bonistas y nadie habla del 95 por ciento de los italianos que aceptaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010”, se quejó en ese momento Zembo.

Task Force decía representar a un grupo de jubilados italianos tenedores de bonos argentinos, pero el letrado aclaró: “No son los jubilados que no tenían ni la fuerza económica para sostener los juicios, son los bancos italianos los que llegaron a un preacuerdo".

“No presentaron su reclamo en la corte de Griesa porque no tenían jurisdicción. Lo presentaron ante el Ciadi, donde ni siquiera habían obtenido una sentencia”, denunció Zembo al cuestionar la legitimidad del principio de acuerdo validado por Prat-Gay.