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La firme alianza de la DAIA y el sector de la justicia que responde al macrismo puso en marcha durante el fin de semana una operación mediática para instalar que se reabrirá la causa por la denuncia que hizo Alberto Nisman pocos días antes de morir. La DAIA se presentará el lunes como parte damnificada, es decir como querellante, aunque en su momento el juez Daniel Rafecas, en un fallo confirmado por la Cámara Federal, dijo que no existía ningún delito en la denuncia de Nisman. Pero en un delito inexistente no podría haber ni parte damnificada ni querellante. Por su parte, el fiscal anti-K Germán Moldes también se presentará ante la Sala I de la Cámara Federal para pedirle a los camaristas que revean su fallo del año pasado en el que convalidaron la decisión de Rafecas de archivar el expediente. Moldes dice que estuvo de licencia y por eso ahora pedirá la revisión.

El secretario general de la DAIA, Santiago Kaplún, quien fuera el director legal de la organización judía, confirmó a Página/12 que el lunes próximo presentarán un escrito ante Rafecas pidiendo ser tenidos como querellantes. “Fuimos víctimas del atentado, fuimos actores en el pedido de que se declare inconstitucional el Memorandum y, por lo tanto, tenemos que ser tenidos como parte en la denuncia de Nisman. Hay nuevos elementos y me parece que el magistrado podría rever el archivo del expediente”.

El fallecido fiscal Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner y al entonces canciller Héctor Timerman por encubrimiento, es decir por haber jugado a favor de los sospechosos iraníes mediante la firma del Memorandum. Nisman, como en anteriores oportunidades, actuó en sintonía con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, cuyo objetivo fundamental era mantener como acusado al estado de Irán. En diciembre de 2015, alguien convenció a Nisman de que lo iban a echar de la fiscalía y por eso, en plena feria judicial, presentó la denuncia como una especie de defensa ante ese plan de despedirlo, que nunca existió. Volvió de Europa y entregó un escrito a medio terminar, sin el aporte de las pruebas.

Rafecas sostuvo en su fallo que el acuerdo con Irán nunca entró en vigencia porque el gobierno de Teherán no lo aprobó; en ningún momento se puso en funcionamiento la Comisión de la Verdad, punto crucial de las objeciones; no hubo intercambio de cereales por petróleo ni se levantaron las capturas con alertas rojas de Interpol, como sostenía Nisman en su escrito. Por otra parte, el Memorándum, un tratado entre dos países, fue votado por las dos cámaras del Congreso, es decir que si hubiera imputación por encubrimiento, debería haber abarcado también a diputados y senadores.

No sólo Rafecas señaló la inexistencia de delito. La jueza María Servini de Cubría consideró que el caso no debía tratarse en la feria judicial porque Nisman no aportó pruebas, lo mismo sostuvo el juez Ariel Lijo. Su colega Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, afirmó que la denuncia no tenía entidad probatoria y que fue hecha a espaldas de cualquier juez. Algunos de los más conocidos juristas del país coincidieron en que la denuncia de Nisman no tenía ninguna sustancia. Así lo señalaron León Arslanián, Julio Maier, Raúl Zaffaroni y hasta el radical Ricardo Gil Lavedra, quien dijo que el escrito tenía “más de político que de judicial”.

Kaplun argumenta que desde que se archivó la causa –en mayo de 2015, cuando también el fiscal de Casación, Javier De Luca, desistió de la acusación– se produjeron hechos nuevos. Entre ellos menciona la grabación de un diálogo entre Timerman y el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en que el canciller dio a entender que Irán era el culpable del atentado. Timerman afirmó lo que la justicia argentina venía afirmando, pero se tomó como si fuera una gran novedad. Justamente, el canciller argumentaba en ese diálogo que si los iraníes eran culpables pero ese país no aceptaba extraditarlos, había que dialogar con ese gobierno para lograr que fueran juzgados.

La DAIA promete agregar más elementos en su escrito, aunque tal vez lo más llamativo estará en el giro de la secretaria de Nisman Soledad Castro, que en los últimos meses –tras rehacer su relación con la ex pareja de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado– declaró que el fiscal le había ordenado que saque los elogios a Cristina que figuran en otro escrito que se guardaba en una caja de seguridad de la fiscalía. Castro pasó a ser una estrella del macrismo y ahora fue designada, en un ascenso extraordinario, como secretaria de la Corte Suprema.

Moldes se presentará ante la Sala I de la Cámara Federal para que revea su decisión de convalidar el archivo de la causa. El argumento de Moldes es extraño: “Estuve siete meses de licencia y ahora retomaré el caso”. El fiscal de cámara quiere que a CFK y a Timerman los imputen por traición a la Patria, un delito por el cual se acusó a Perón en 1956. Desde entonces no hubo una acusación semejante. El argumento es que los iraníes perpetraron el atentado, por lo tanto eran enemigos de la Argentina y quien ayuda a los enemigos es un traidor a la Patria. Moldes sintoniza con el viejo prejuicio antisemita: un canciller judío es antipatria. Durante el gobierno de Carlos Menem, Moldes fue Secretario de Población del ministro José Luis Manzano. Fue cuando le dieron el documento argentino a Monzer Al Kassar, el traficante de armas condenado ahora a 30 años de prisión. Después del escándalo, Moldes denunció al traficante sirio. Más allá de aquellas historias, hoy no queda claro por qué no se extiende la acusación de traición a la Patria a todos los diputados y senadores que votaron el Memorandum, el instrumento que –según la DAIA y Moldes– favoreció a los iraníes.

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