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Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”. Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”. Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país. Para disimular, ayer la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”.

El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de manera excluisva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.

Consultado por Página/12, Diego Morales, director del Area de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó que la ley argentina, aprobada en 2004 , reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.

Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. El organismo expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Alvaro García Linera, de visita actualmente en el país. “Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos”, advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.

Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. “De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, alertaron.

El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, dependiente de Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”. Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar. Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.