La juez de instrucción María Angélica Crotto, a cargo del sumario penal, consideró que el ex funcionario no tenía el control directo del funcionamiento de los locales como el de la calle Mitre 3.066, en el barrio de Once.

La magistrada descartó toda vinculación de Ibarra con el resultado del siniestro, ya que el ex jefe de gobierno desconocía la actitud dolosa de algunos de sus subalternos, quienes se encuentran procesados por el hecho.

Según las fuentes consultadas, la juez carecía de elementos que demostraran que Ibarra pudo reconocer el riesgo creado por Omar Chabán, el explotador comercial de República Cromañon, actualmente con prisión preventiva.

Crotto consignó que los actos de gobierno pueden ser revisados en la justicia si violan la ley, pero destacó que las normas locales permitieron a Ibarra "descentralizar" el control sobre el funcionamiento de locales como República Cromañon.

Para la juez, el destituido jefe de gobierno no tenía posibilidades de controlar lo que hacían sus subalternos y sólo debía ser responsabilizado si hubiera tomado conocimiento de las irregularidades que permitieron el funcionamiento de la discoteca.

La magistrada definió la situación procesal de Ibarra quien, como recordó la resolución, tenía pedido de indagatoria desde hace más de un año por parte de los familiares querellantes y del fiscal penal Juan Manuel Sansone.

La juez analizó, entonces, que los elementos de prueba contra Ibarra eran insuficientes como para mantenerlo imputado en la causa por los presuntos delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En marzo último Ibarra fue destituido de su cargo por la Sala Juzgadora de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que, por 10 votos contra 4 (y una abstención) lo halló culpable de "mal desempeño".

Crotto, sin embargo, analizó la responsabilidad de Ibarra para determinar si su conducta respecto de la tragedia registrada por el incendio de la discoteca tenía encuadre penal.

Allegados al sumario indicaron que "el ejercicio del poder de policía -relacionado con habilitación y supervisión- se encontraba desconcentrado", atribuido a órganos inferiores a la jefatura de gobierno, en tanto que Ibarra "no debía encargarse personalmente del control sobre la actividad de los locales de baile clase C".

La desconcentración administrativa permitía que áreas como la Subsecretaría de Control Comunal o la Dirección General de Fiscalización tuvieran facultades "decisorias" en materias tales como habilitaciones, seguridad y control del funcionamiento de locales clase C.

Fuente: Télam