La Corte, por mayoría de votos, sostuvo que es contrario a la Constitución el decreto que indultó al ex comandante de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, quien en 1990 había recibido un fallo contrario del máximo tribunal.

Con este fallo, la máxima instancia del Poder Judicial comenzó a cerrar el círculo de impunidad que se abrió a mediados de los 80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se completó con las dos tandas de indultos de Menem.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Helena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni suscribieron un mismo voto y dieron la ajustada mayoría al fallo.

En tanto que Carmen Argibay emitió un voto en disidencia y sostuvo que Riveros tiene a su favor una sentencia de la propia Corte, con una formación anterior, de 1990, que avala el indulto, por lo que en su caso se trata de "cosa juzgada".

Argibay opinó que en este expediente, y en todos los similares, no puede volver a analizarse el caso, so pena de violar el principio "ne bis in idem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).

Con argumentos similares, Carlos Fayt también se pronunció en disidencia -aunque elaboró un voto propio- y Enrique Petracchi se abstuvo de votar.

En resumen, la votación resultó cuatro votos por la inconstitucionalidad, dos en disidencia y una abstención.

Si bien la decisión adoptada hoy por la Corte no se refiere concretamente a Jorge Rafael Videla y los demás comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, sienta un precedente importante de cara al futuro, para cuando lleguen a estudio del alto tribunal los expedientes que específicamente se refieran a esos casos.

La lista de los que en el futuro se verán complicados por el nuevo criterio fijado por la nueva Corte abarca desde Videla a Emilio Eduardo Massera, pasando por Cristino Nicolaides, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy y por lo menos medio centenar más de beneficiados por las dos tandas de decretos de Menem.

El voto mayoritario coincidió, en líneas generales, con el dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, de mayo pasado, cuando se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto 1002 -en el que está incluido Riveros, hoy de 83 años de edad- con el argumento de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

El fallo sólo tiene alcance para Riveros, aún cuando haya dictado la inconstitucionalidad de todo el decreto, en el que están incluidos otros ex represores.