Se trata de Juan Daniel Pintos Garrido, de 24 años, quien fue arrestado luego de disturbios ocurridos el 4 de febrero de 2006 en la puerta de un ex teatro donde se realizaba una fiesta ilegal para más de 1.000 personas.

En el proceso que enfrentará ante la Audiencia Provincial 8, el joven afrontará los cargos de "atentado a la autoridad y lesiones", por los cuales la fiscalía pidió que se lo condene a once años de cárcel.

María Inés Garrido, madre de Juan, viajó hacia Barcelona para asistir al debate, al que también concurrirán el cónsul adjunto en esa ciudad, Carlos Arzani; la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Garrido sostuvo que su hijo es "inocente" y que está detenido porque es "sudamericano y necesitaban a alguien para armar una causa y exculpar al ayuntamiento de lo que ocurría en las fiestas".

Según relató la mujer, el 3 de febrero de 2006 la Policía precintó el ex teatro para evitar que se hiciera la fiesta, ya que se creía que allí se traficaba droga y había ocupantes ilegales, pero por la noche la gente comenzó a entrar igual, pese a que en el lugar había cuatro guardias.

Cerca de las 6, hubo enfrentamientos con la Policía porque varios jóvenes querían ingresar y no los dejaban por falta de espacio y en ese momento llegaron al lugar Pintos Garrido y una decena de chicos que habían estado en otra fiesta del mismo barrio y tenían previsto pasar por el ex teatro.

En ese marco, según la versión de la madre de Juan, el policía cayó herido en momentos en que desde los balcones caían todo tipo de objetos, y los guardias detuvieron a su hijo y al resto de sus acompañantes.

La mujer recordó que todos fueron acusados de "resistencia a la autoridad", pero mientras seis europeos recuperaron la libertad, dos jóvenes chilenos y su hijo quedaron presos, porque a ese delito se les sumó el de tentativa de homicidio, en el caso de los dos primeros, y el de lesiones para el joven argentino.

"La versión inicial del alcalde (Joan Clos) es que el guardia se lesionó porque habían arrojado una maceta desde un balcón, pero como esto implicaba aparecer en la cadena de complicidades por permitir realizar las fiestas, su declaración no fue aceptada como prueba", aseguró la madre de Juan.

Previamente, la jueza Carmen García Martínez había desestimado la declaración de paramédicos, informes forenses y la responsabilidad de la Guardia Urbana por no preservar del lugar de los hechos, ya que permitió que se limpiara toda la calle y el lugar de la fiesta antes de que llegara la Policía Científica.

La mujer consideró que el tribunal que juzgará a su hijo no es "imparcial" porque "ya intervino en todas las apelaciones presentadas en esta causa y ha tomado partido", porque avaló todo lo actuado en primera instancia.

Para Garrido, una de las irregularidades más graves del proceso, es que "la jueza violó leyes del Estado español" porque al dictar la prisión preventiva de su hijo no le reconoció la ciudadanía española que había obtenido en la Argentina.

"A mi hijo se lo consideró 'argentino nacionalizado español', con familiares en su país de origen, que facilitarían su fuga", recordó la mujer, quien también denunció que durante su encierro el joven fue sometido a torturas y debió realizar una huelga de hambre en reclamo de su libertad.

Juan había viajado a Europa en 2006 con su pasaporte español para recorrer varias ciudades, trabajar y alojarse en la casa de su hermana en Barcelona, pero su proyecto quedó truncado desde la detención.

"Lo eligieron por ser de los más vulnerables, por ser sudamericano", evaluó su madre.

Fuente: Télam