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La ley fue sancionada en diciembre de 2003, fue promulgada en enero de 2004 y hoy fue finalmente reglamentada tras el trabajo de una comisión de expertos y afectados por la norma que trabajaron en ella.

Respecto de la ley anterior, decretada en la última dictadura, la nueva ley establece que no es impedimento el ejercicio de la prostitución para radicarse, aunque sí promoverla, y elevó de 100 mil pesos a un millón y medio el monto de inversión requerido para conceder una residencia a un inversionista.

Bajo los criterios de esta ley la Dirección Nacional de Migraciones estableció el plan Patria Grande, para ciudadanos del Mercosur, que lleva regularizada la situación legal de unos 700 mil inmigrantes.

Según la ley 25871 todos pueden vivir en suelo argentino salvo que hayan presentado documentos falsos o adulterados; hayan sido expulsados; tengan condenas; hayan participado en genocidios, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad.

Tampoco podrán acceder a alguna de las categorías de residencia si promovieron o facilitaron el ingreso o permanencia ilegal de personas a la Argentina; si promovieron la prostitución o eludieron el control migratorio.