Mediante una resolución firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la comunidad y sus representantes.

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales". La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad.

Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, quienes perdieron sus objetos personales y sus documentos.