A través de un comunicado, el organismo de derechos humanos criticó aspectos del proyecto como que se clasifique "ciertas protestas como ilegítimas", así como la necesidad de "exigir la notificación previa a la policía" el hecho de "establecer plazos exiguos para la mediación".

"El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones", consideró el CELS. Y recordó que "aun no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma".