“La educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.” Así comienza la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe que se realizó en Cartagena de Indias. Y culmina con Gabriel García Márquez señalando que nos toca avanzar hacia “una nueva y arrasadora utopía... donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Con la participación de más de 3500 académicos, la Conferencia arribó a una serie de acuerdos que la posicionarán en la próxima Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco.

Como producto de reuniones en las que participaron casi todas las redes universitarias de la región, se elaboraron propuestas que, partiendo de la Reforma de Córdoba, se proponen la integración regional. Los supuestos para esas propuestas fueron la construcción de una sociedad más próspera y solidaria con un desarrollo humano integral sustentable; el cumplimiento de los Objetivos del Milenio; el valor de la diversidad humana y natural, el avance y la cohesión social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la lucha contra la pobreza, la prevención del cambio climático y la crisis energética y la promoción de una cultura de paz. La educación superior es considerada un derecho humano y bien público social. Los Estados deben garantizarla a través de las políticas de acceso y una formación que contribuya a la convivencia democrática y a una identidad continental, generando oportunidades para quienes no las tienen y que impulse a la trasformación social y productiva.

Las estructuras institucionales deben garantizar la formación del mayor número posible de personas. La integración de grupos minoritarios y vulnerables, la diversidad cultural; los nuevos mecanismos de apoyo público a los alumnos y modelos educativos que reviertan los bajos niveles de desempeño y el fracaso estudiantil; la calificación de los docentes; la flexibilidad curricular; la articulación entre los niveles de formación; la utilización de las nuevas tecnologías de información y la mejora del gobierno y la gestión de las universidades constituyen retos para la región.

La reivindicación del carácter humanista de la educación superior; el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo el combate contra toda forma de discriminación y opresión; el fortalecimiento del carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe; la mayor vinculación de la universidad con el desarrollo sostenible y la indagación de los problemas de sus contextos constituyeron valores destacados en el cuarto punto de la declaración.

Fueron subrayadas las redes académicas como corredores para unir y compartir el potencial científico y cultural, como interlocutores estratégicos ante los gobiernos y como protagonistas para articular las identidades locales y regionales.

La declaración cierra con el compromiso de construcción de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces), el cual debe formar parte de la agenda de los gobiernos y los organismos de carácter regional. Ello es básico para alcanzar niveles superiores que apunten a la integración regional: la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas que consoliden las perspectivas regionales; el aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias regionales; la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades; la consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; y la creación de competencias para la conexión orgánica entre el conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual.

A mi juicio, esta declaración combina acertadamente tres tendencias tradicionales de la educación superior pública de América latina. Aquella que hace hincapié en el desarrollo científico y tecnológico. Esa otra que se refugia en un concepto duro de la autonomía. Y, finalmente, una tercera que pone el acento en la necesidad de un fuerte compromiso de la universidad para con la sociedad.

Pues bien, los ejes centrales de la declaración articulan con acierto esas tres vertientes y constituyen un inmenso paso adelante dejando de lado visiones paralizantes para avanzar en propuestas que quizá no sean originales desde una perspectiva académica, pero que lo son y mucho a la hora de definiciones concretas por parte de las autoridades universitarias. Más aún, esta declaración tiene el valor de sintetizar experiencias diversas articulando de manera creativa las vertientes más “científicas”, las más “autonomistas” y las más “comprometidas socialmente”, en una combinación que seguramente será de mucho interés en la discusión para la próxima ley de educación superior en Argentina.

* Profesor de Sociología Política (UNQ).