Para exigir la derogación de los convenios firmados entre el gobierno de Mauricio Macri y ocho universidades privadas, los estudiantes de Medicina volvieron a marchar ayer hasta el gobierno porteño: “La educación no es una empresa / una empresa de papá / si privatizás la UBA / qué quilombo se va a armar”, coreaban. La Facultad de Medicina y la totalidad de la UBA consideran que esos acuerdos implican una transferencia de recursos del Estado a particulares, porque otorgan plazas para formarse en los 34 hospitales de la ciudad a los alumnos de instituciones privadas, reduciendo las vacantes destinadas a la universidad pública. Según los datos que maneja la facultad, unos 11 mil estudiantes de Medicina completan su educación en los centros de salud porteños: se estima que alrededor de 1100 se quedarían sin poder cursar.

Las cifras fueron aportadas por Medicina para fundamentar un proyecto de derogación de los convenios que Macri acordó con las universidades Del Salvador, Austral, Barceló, UCES, Adventista del Plata, Favaloro y Fundación Iberoamericana. La facultad estima que son seis mil los alumnos de 4º, 5º y 6º año cursando en las unidades hospitalarias de la UBA –son cuatro– y de la ciudad. Ahí se agregan otros dos mil alumnos cursando el Internado Anual Rotatorio y otros tres mil de las demás carreras de la facultad. “Si les dan un 10 por ciento de las vacantes a las universidades privadas, cerca de 1100 estudiantes quedarán sin posibilidades de cursar materias prácticas”, dijo a PáginaI12 Yamila Aparicio (QRS), presidenta del centro de estudiantes.

Desde el centro a la izquierda, casi todas las agrupaciones de Medicina se plantaron contra la medida de Macri. Ese consenso se manifestó en la jornada de protesta realizada ayer, donde confluyeron QRS, RCP, CEPA (PCR), MST, El Gradiente, Síntesis, Movimiento Sur, también la FUBA (conducida por la izquierda) y la FUA (Franja Morada) y hasta funcionarios de la facultad.

La columna de estudiantes estaba presidida por una bandera con las manos estampadas de la comunidad de Medicina, con la inscripción “defendamos la educación pública”. La bandera estuvo tres días en el hall de la facultad, para que todos dejaran sus huellas a modo de adhesión. “El decano (Alfredo Buzzi) bajó y dejó sus manos en la bandera. También Paula Paretto, la medallista de bronce en judo en los Juegos Olímpicos”, contó Pablo Rubino, vicepresidente del centro estudiantil.

Mezclados entre guardapolvos blancos y las banderas del centro de estudiantes de Medicina, más de 500 alumnos se concentraron en la plaza Houssay al mediodía. Reforzada con no docentes, la columna enfiló por Paraguay hasta Cerrito. Allí cortaron parcialmente la 9 de Julio hasta doblar en Diagonal Norte y desembocar frente a la jefatura del gobierno porteño, en Avenida de Mayo 525. Esa fue la primera parada donde se despacharon con cantitos e insultos dirigidos a Macri. “Borombombom, borombombom, a los convenios, derogación”, era el entonado con mayor fervor.

“No soy de venir a las marchas, pero en este caso es importante que participemos todos para defender lo que es nuestro”, dijo Fernanda, estudiante de 4º año de Medicina. Ante la custodia policial en las dos entradas de la Legislatura, los estudiantes se acomodaron justo delante del acceso. Alguno ediles salieron a recibir la columna, y aprovecharon para arengarlos. “El gobierno de Macri tiene una matriz que es aborrecer lo público y creer que el Estado se gerencia como una empresa privada”, dijo Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires. También tomaron la palabra la ibarrista Gabriela Alegre y la legisladora de la Coalición Cívica Diana Maffía. Después los alumnos se sentaron en el piso empedrado de la peatonal y, en asamblea, resolvieron convocar a otra movilización el miércoles 10.

Un rato antes, un contingente de 25 estudiantes y representantes de sus organizaciones gremiales ingresaron a la Legislatura, donde se reunieron con diputados opositores. Les entregaron las firmas recolectadas en un petitorio para derogar los convenios y la fundamentación del pedido. Los diputados invitaron a los alumnos a presentarse en la comisiones de Educación y de Salud. Después, en la sesión de la Legislatura, la diputada Alegre presentó un pedido de informes sobre los convenios firmados por Macri, a los que definió como “anticonstitucionales”. El proyecto fue aprobado y ahora la Jefatura de Gobierno tiene 30 días para detallar el alcance de los contratos.