La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) tiene que definir si inicia un juicio académico contra una profesora por romper fotos de una muestra de desaparecidos y reivindicar la actuación de los militares durante la dictadura. La profesora María Antonieta Guiñazú Mariani, que protagonizó el hecho en el rectorado de la casa, ya fue separada de las clases que tenía a su cargo en una escuela primaria provincial. En quince días se definirá su situación en la universidad, mientras que particulares la denunciaron ante la Justicia por “apología del delito”, al igual que las autoridades municipales por los daños realizados a los objetos de la muestra.

El rectorado de la universidad pampeana había organizado una Semana de la Memoria Popular para conmemorar el aniversario del último golpe de Estado y el Día de la Memoria. Junto al Concejo Deliberante local, la universidad montó una muestra con fotos e imágenes de los casi cincuenta pampeanos desaparecidos en el período 1976-1983. El lunes 23 de marzo, cuando un grupo de empleados de la intendencia avanzaba con la preparación del evento en el hall de entrada de la UNLPam, Guiñazú Mariani apareció al grito de “bien muertos están”, dirigiéndose a uno de los trabajadores, Víctor Avendaño, que tiene un primo que fue víctima del terrorismo de Estado. Avendaño la increpó y la profesora lo insultó: “Negro de mierda, hijo de asesinos”. También le dijo que iba a convocar a “una marcha en octubre a favor de los militares”. Y no quedó ahí. A la mañana del 24, la profesora concurrió a la facultad y al toparse con los retratos se abalanzó sobre ellos y, a pesar de que un empleado de la universidad intentó impedirlo, logró romper dos.

“El hecho es gravísimo. La universidad tiene un fuerte trabajo en defensa de los derechos humanos, tal es así que la única profesora honoraria de la casa es Estela de Carlotto”, afirmó Luis Díaz, secretario de Extensión y Cultura de la institución y organizador de la muestra. “Creemos que están dadas las condiciones para llevar adelante el juicio académico”, agregó Díaz. En el mismo sentido, también en diálogo con Página/12, se expresó el rector Sergio Maluendres: “Es inadmisible un episodio de estas características. Ya se conformó una comisión ad-hoc para que estudie y analice los hechos. Luego recomendará al Consejo Superior sobre la pertinencia del juicio académico”, dijo.

Los estudiantes también reaccionaron frente a la actitud de Guiñazú Mariani y presentaron el miércoles una nota ante el Consejo Superior, solicitando el juicio académico. “Después del escándalo que hizo y de las barbaridades que dijo cuando agredió verbalmente a un empleado municipal, pedimos el juicio para la profesora porque sus actos afectan a la dignidad y a la ética universitarios”, señaló Martín Ussei, consejero superior por la agrupación Sumate-MNR.

María Antonieta Guiñazú Mariani imparte clases en dos cátedras de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. “Lamentablemente, no tenemos una herramienta para suspenderla en el cargo. Es profesora regular y para ello hace falta el juicio académico, que no está reglamentado aún en la universidad y hacia allí apunta el trabajo de la comisión. En la otra cátedra es docente interina nombrada por el consejo directivo de su facultad y ya le dimos intervención al decano”, explicó Maluendres. La abogada también da clases de ciencias sociales en la Escuela 1 de Santa Rosa y la Dirección de Educación provincial la apartó de las aulas hasta tanto “se sustancie el sumario” correspondiente.

El caso de Guiñazú Mariani se suma a dos casos similares ocurridos durante las últimas semanas en la Universidad de Buenos Aires, difundidos en este diario. Estudiantes de la Facultad de Derecho denunciaron que el profesor Alfredo Solari –que da clases de Garantías Constitucionales y es defensor legal de represores como los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Juan Carlos Rolón– realizó manifestaciones apologéticas de la dictadura durante una clase. Y en la Facultad de Ciencias Económicas, la profesora María Zinko también fue cuestionada por alumnos y graduados tras sostener en clase que “la memoria es para un lado” o que ella está “en contra de los derechos humanos”.