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“¿Es posible una nueva ley de educación superior?” Mientras el futuro marco legal para las universidades sigue esperando tratamiento en el Congreso, bajo esa premisa una mesa integrada por los profesores y especialistas Ana Lorenzo, Claudio Suasnábar, Silvia Llomovatte y la diputada Adriana Puiggrós analizó las distintas etapas del sistema durante la democracia, para avanzar en “una ley que sea una herramienta política eficaz”. En el debate organizado por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) hubo coincidencias en “cuidar la terminología” ante el enfoque neoliberal imperante y en la necesidad de que la futura norma “contenga a todo el sistema”.

La investigadora Ana Lorenzo comenzó reivindicando la “olvidada ley 20.654, conocida por el nombre del ministro que la impulsó en 1974: Jorge Taiana padre. A pesar de su reducida aplicación por la intervención de Oscar Ivanissevich”. La profesora recordó que la norma contenía en su articulado “la incompatibilidad entre el ejercicio de la docencia universitaria y el desempeño en funciones jerárquicas o de asesoramiento remunerados o no al servicio de empresas multinacionales o extranjeras, como también la pertenencia a organizaciones u organismos internacionales, cuyo objetivo o accionar se hallen en colisión con los intereses de la Nación”. Analizando los años transcurridos por la universidad en democracia, Lorenzo destacó “la nómina de docentes universitarios que no hubieran podido estar en sus cátedras en los últimos 25 años si este artículo hubiese estado vigente”. Un párrafo aparte se llevó el ex presidente Raúl Alfonsín, recién fallecido, a quien durante sus exequias se recordó como “el hombre que les devolvió la autonomía a las universidades”. Lorenzo recordó que “lo que no hizo fue reincorporar a los cesanteados por razones políticas durante la dictadura y tampoco anuló los concursos realizados en ese período. Podría haber hecho mucho más”.

Luego, también Suasnábar destacó esas deficiencias de la restauración democrática, además de analizar que aquella etapa “se caracteriza por la autolimitación del Estado”: es decir, “el Estado renunció en favor de la idea de autonomía universitaria, lo que le quitó la agenda de discusión de la propia universidad. Por ejemplo, ante la cuestión de la masividad, la respuesta fue que cada universidad lo resolviera como le pareciera. Por eso, se destaca la ausencia del Estado en esta etapa”. La característica en los ’90 fue el “hiperactivismo estatal en el área” –con la sanción en 1995 de la Ley de Educación Superior aún vigente–, pero de manera desordenada. Planteó que, desde la salida del menemismo, se vive un efecto de “inercia en el que las universidades poco y nada se proponen pensar un nuevo sistema universitario”. Por eso, realzó el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Educación de Diputados, impulsado por Puiggrós, en particular la idea de “los órganos de planificación estratégica”.

La secretaria de Planeamiento de la UBA, Silvia Llomovatte, puntualizó en su intervención: “El neoliberalismo en la universidad ha causado un gran daño, pero no estoy tan segura de que debamos atribuírselo estrictamente a la ley menemista”. Llomovatte apuntó que en un encuentro regional de educación superior realizado el año pasado en Cartagena, Colombia, “se utilizaron conceptos y palabras como compromiso social, pertinencia o autonomía” y advirtió: “Hay que tener cuidado con la utilización de palabras que aparecen como una noción superadora, pero esconden un claro contenido neoliberal”. Y lo explicó a partir de lo que Richard Sennett llama “la técnica del dorado”: a un producto básico, sin modificarlo, se le agregan bordes dorados para aumentar el interés del consumidor. “Esto se utilizó en Cartagena al incluir esos términos.”

Como cierre, la diputada Puiggrós (FpV) señaló que su proyecto era producto de “la consulta con gran cantidad de actores de la vida universitaria de todo el país” y que, a partir del debate, iba “a tener nuevas modificaciones, porque el proceso de consultas y consenso no está agotado”. La legisladora explicó en su intervención que “la idea central del proyecto es que el Estado se plantea planificar en forma estratégica el sistema, con un absoluto respeto por la autonomía”.