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Desde el comienzo de la democratización en la Argentina, el movimiento estudiantil defendió la educación pública; constantemente tuvo que luchar por instalar la Universidad Reformista. En su largo derrotero, registra miles de asambleas, marchas, comisiones, manifestaciones y otros medios de lucha. De hecho, las tomas en los colegios porteños, que mostraron el reverdecer de los alumnos secundarios como sujeto social, incentivaron a los estudiantes de Sociales y Filo a utilizar la misma medida para reclamar por la situación edilicia y tratar de articular la lucha a otros niveles.

Sin duda, los reclamos por mejores condiciones de cursada son genuinos, y entendible la acción de protesta cuando los contextos institucionales no garantizan la gestión de los reclamos. Pero debemos saber que toda lucha tiene objetivos, que generalmente son de máxima, para lograr puntos de mínima que legitimen su accionar fuera de las instituciones. A partir de lo obtenido, es necesario saber cuándo levantar la medida. Sociales de la UBA, junto a Filo, se encuentra en este punto.

Para evaluar cuándo levantar la toma se debe recordar que, a diferencia de los colegios de la Ciudad, en la UBA hay cogobierno, o sea, los estudiantes participan de las decisiones en el consejo directivo junto a profesores y graduados, por lo que tienen de por sí un ámbito de discusión y propuesta con el decano. Igualmente, no está mal propiciar un espacio de participación como las asambleas para reforzar esa instancia representativa.

Más allá de las triquiñuelas en la conducción de las asambleas, que siempre las hay, es preciso centrar el debate político sobre qué se busca con la toma. Si instalar el debate sobre las condiciones edilicias y acompañar las demandas de los secundarios era un objetivo, lo han logrado. De hecho, mientras en la Ciudad se ninguneaba a los alumnos y se pedía registro de los activistas, la Nación impulsó partidas para el edificio y propicia la solución en base al diálogo.

Es preciso tener presente que hay diferencias entre el Gobierno de la Ciudad y el nacional. Desde 2003, se revirtió una tendencia de desfinanciamiento de la educación superior pública, donde el sector privado recibía casi el mismo monto, con un tercio del alumnado total. En la actualidad, luego de sextuplicar el presupuesto, las universidades públicas cuadruplican al sector privado. O sea, hay otra prioridad, que es acompañada por una nueva Ley Federal de Educación y se impulsa una nueva norma para la educación superior. Por esta razón, sería erróneo centrar el punto en colocar al gobierno nacional como enemigo central a derrotar. Ahí se pierde la legitimidad.

A su vez, se logró un espacio quizás inédito en la historia del movimiento estudiantil: colocar al decano y una delegación estudiantil discutiendo el conjunto de reivindicaciones en una mesa con transmisión online. Sin duda, estos alcances pueden considerarse como logros. Sin embargo, es imprescindible evaluar estos avances para continuar con la lucha por otros medios centrados en el diálogo. Y no pasa por el peligro de perder el cuatrimestre, se pueden organizar grupos de estudios para dar libres las materias. La pregunta es: ¿es necesario en este contexto?

* Politólogo UBA.