El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Crapiste, advierte en esta entrevista sobre las necesidades presupuestarias del sistema educativo superior, en particular en las áreas de Extensión y de Ciencia y Técnica. También explica los cambios internos que aprobó el CIN y destaca la necesidad de debatir una reforma de la Ley de Educación Superior, vigente desde 1995.

–¿Qué cambios implica la transformación que acaba de aprobar el CIN?

–En lo que respecta a la práctica, se reforzaron las funciones que ya estaban establecidas en el estatuto del CIN. Se consolidaron algunos puntos específicos y se ampliaron algunas atribuciones que no estaban establecidas, pero que de alguna manera el CIN venía realizando. Tienen que ver con una verdadera planificación y con la formulación de políticas de Estado. Esa es la voluntad de todos los rectores. Por ejemplo, se ha redefinido el estatuto creando una nueva figura, que es el director general, con una dedicación full time. La idea de esta nueva figura es tener a una persona de experiencia que se dedique a la formulación de proyectos, entre otras cosas. Es una refuncionalización de la estructura organizativa del CIN.

–¿Cuál es el presupuesto universitario para este año y qué monto solicitó el CIN para 2013?

–Nosotros siempre hacemos un plenario especial para definir el pedido presupuestario para luego elevarlo a la Secretaría de Políticas Universitarias. Básicamente tiene que ver con la actualización del presupuesto 2012 y la incorporación de las políticas salariales del 2011 y el 2012. Es decir, una consolidación de acuerdos paritarios que llevaron a los incrementos de ambos años al sector docente y no docente. Nuestra aspiración estuvo entre los 24 y los 27 mil millones de pesos, pero hoy se está hablando alrededor de los 22 mil millones (ver aparte). Nuestra propuesta es tener un 85 por ciento destinado a los salarios y un 15 por ciento destinado a gastos de funcionamiento. En el actual presupuesto no están incorporados los gastos ni de funcionamiento ni el desarrollo de Ciencia y Tecnología. El incremento de los gastos de funcionamiento no acompaña los porcentajes de incremento salarial de los no docentes. Esto, sumado a los incrementos de insumos y contrataciones, dificulta el normal desarrollo de las universidades nacionales. Por eso nuestra aspiración rondaba en los 24 mil millones.

–Algunos sectores ya advirtieron que el proyecto de presupuesto incluye una disminución en becas y en Ciencia y Tecnología.

–Nuestra propuesta va de la mano con la consolidación de políticas de becas para estudiantes con la función de profundizar las políticas de inclusión del gobierno nacional. Nuestra idea es profundizar sobre el incremento del número de becas y reiterar el aviso de que esta cuestión no está establecida en el presupuesto aprobado. Por ejemplo, la función Extensión, función sustantiva que tiene que ver con el compromiso social, tampoco lo está. Casi 120 millones no están contemplados. Estamos gestionando esta cuestión de un mayor financiamiento tanto para el funcionamiento de las universidades como para las funciones sustantivas de Ciencia y Tecnología y Extensión universitaria, que abarca una serie de actividades de tipo cultural y un conjunto de acciones con la comunidad. Tenemos serias dificultades sobre su financiamiento.

–¿Por qué se dan estas dificultades?

–En el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Legislativo, la planilla anexa no contempla el financiamiento en Extensión. Solicitamos un mayor refuerzo a Ciencia y Tecnología, que sí tiene una columna específica en el presupuesto. Sin embargo, resulta insuficiente para definir políticas de Ciencia y Tecnología e innovaciones. Cada universidad tiene problemáticas locales y regionales diferentes, hay demandas muy fuertes de los sectores sociales en nuestros territorios. Atender esto requiere un incremento de los fondos para el funcionamiento de las universidades. De lo contrario, el sistema educativo se hace muy complejo de administrar y de satisfacer nuevos requerimientos tanto en la calidad de las actividades como en la cantidad que nos demanda la sociedad.

–¿Cree que es necesario reemplazar o reformar la Ley de Educación Superior vigente desde el menemismo?

–Creo que es una tarea pendiente la modificación de la actual ley. En los últimos años se han presentado diferentes proyectos específicos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, algunos están en discusión y no han prosperado. Hace cuatro o cinco años se han planteado lineamientos básicos de una nueva ley y ese documento ha sido poco considerado. Yo creo que la rediscusión no es una necesidad inmediata, pero sí debe aparecer la voluntad política del propio Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación para impulsar una nueva ley.

Informe: Federico Funes.