A un año y medio de haber sido elegido con amplia mayoría, el rectorado de Alberto Barbieri entró en una repentina crisis de múltiples aristas, centrada en el bloque de radicales y aliados que controla la UBA, en particular en dos de sus bastiones: las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas –de la última proviene, justamente, Barbieri–. Primero fue la renuncia del vicerrector Darío Richarte, profesor de Derecho, de alguna manera alcanzado por los coletazos del caso Nisman, por su paso por la SIDE durante el gobierno de la Alianza y por la actuación de su estudio de abogados. Después siguió la sorpresiva renuncia del decano de Ciencias Económicas, José Luis Giusti: formado al igual que Richarte en la cantera de Franja Morada en los ’90, ahijado también del shuberoffismo, dejó el decanato al que siempre había aspirado tras apenas un año de gestión, envuelto en un escandaloso juicio de divorcio que, según trascendió, incluye acusaciones de su ex esposa por violencia doméstica y propiedades no declaradas. La tercera –y por ahora última– pata de la crisis en el gobierno de la UBA se posó en Derecho, donde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dio curso a una denuncia contra las autoridades académicas por los presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes del funcionario público. La causa ya está en manos del Juzgado Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez.

Derecho

La decana de Derecho, Mónica Pinto, fue denunciada junto a otras autoridades de esa facultad por “administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según informó el Ministerio Público Fiscal. La denuncia, que también alcanza al vicedecano Alberto Bueres; al secretario de Administración, Carlos Bedini; al secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Oscar Zoppi, y al subsecretario académico, Lucas Bettendorff, fue formulada por un particular –la abogada Florencia Sarso– y judicializada por la Procelac. La causa fue presentada ante la Fiscalía Federal Nº 5 de la Capital Federal, a cargo de Leonel Gómez Barbella. El foco de la denuncia son los convenios de asistencia técnica y capacitación ofrecidos por la facultad y el destino de unos 140 millones de pesos dispuestos para contratos dentro de esos convenios.

El fiscal Gómez Barbella indicó que de la denuncia surgen “gravísimas irregularidades” que “colocan bajo un velo de sospecha a las autoridades universitarias por cuanto podrían, en forma directa o a través de testaferros, haber utilizado los caudales públicos en cuestión en beneficio propio”. Además, precisó que según lo que se desprende del documento presentado “las autoridades de la facultad distribuirían las cuantiosas sumas de dinero entre personas de su entorno, que se encuentran vinculadas y/o que son seleccionadas, en base a criterios poco transparentes como pueden llegar a ser afinidades políticas, familiares y/o amiguismos”.

Con el respaldo del radicalismo y el socialismo universitarios, entre otros sectores que representan la fuerzas mayoritarias en los claustros de Derecho, Pinto comenzó su gestión como decana en 2010 y fue reelecta en 2013. Cerca de las autoridades de la facultad califican a la denuncia como una “operación” orientada a desgastar sus apoyos de cara a las próximas elecciones de graduados, que se llevarán a cabo el 2, 3 y 4 de junio.

Ante la consulta de este diario, desde Derecho informaron que “desconocen el contenido y el origen de la denuncia mencionada”, de la que aún no fueron notificados formalmente, y que tomaron conocimiento de su existencia a través de un cable de la agencia de noticias Télam. Asimismo, manifestaron que toda información que sea requerida será puesta a disposición de la Justicia y que se encuentran disponibles los informes completos de gestión desde el año 2010 al 2014 en la página web de la facultad.

Antes de la denuncia contra sus máximas autoridades, Derecho había sido sacudida por la renuncia al vicerrectorado de la UBA de uno de los hombres fuertes del radicalismo en esa facultad: el profesor Darío Richarte. El 18 de marzo, luego de una larga campaña de destitución impulsada por sectores estudiantiles de izquierda, Richarte –ex dirigente de Franja Morada y secretario general de la UBA durante la gestión de Oscar Shuberoff– hizo pública su renuncia. El ex vicerrector fue cuestionado desde el primer día en su cargo por la comunidad estudiantil por sus vínculos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la que fue segundo jefe durante el gobierno de la Alianza, y también por el papel de su estudio de abogados como defensor de políticos acusados de delitos de corrupción. Si bien la campaña contra Richarte encabezada por la FUBA nunca mermó, luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero pasado, sus vinculaciones con la ex SIDE y su ex jefe de Operaciones Antonio Stiuso le infundieron nuevos hálitos, lo que determinó un pedido de licencia primero y su renuncia formal unos días después.

Económicas

Un mes después de la salida de Richarte, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el radical macrista José Luis Giusti, presentó su renuncia por motivos “estrictamente personales” y “ajenos a la función pública”. Desde las agrupaciones estudiantiles opositoras vincularon su decisión con una serie de denuncias que salieron a la luz en el marco de un conflictivo proceso de divorcio. Giusti, que fue dirigente estudiantil de Franja Morada y desde ese lugar llegó a integrar el gabinete del entonces rector Shuberoff, fue denunciado por su ex esposa por violencia doméstica y además se lo acusa de poseer costosas propiedades no declaradas y una presunta vinculación con la droguería que provee tanto al Hospital de Clínicas como al Hospital Roffo, ambos dependientes de la UBA.

Desde la FUBA también cargaron contra otro de los hijos de la militancia radical en los ’90: el actual secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, presidente del comité de la UCR Capital y un hombre de peso en la política universitaria, donde conduce la agrupación Nuevo Espacio, la nueva cara que adoptó Franja Morada en Económicas y fuerza mayoritaria en esa facultad.

En base a esta serie de renuncias y denuncias, estudiantes universitarios de distintas agrupaciones políticas –que incluye tanto a sectores de izquierda como al peronismo K de Unidos y Organizados– marcharon la semana pasada hasta la sede del Rectorado de la UBA para exigir que se conforme “una comisión investigadora que evalúe las denuncias de corrupción en la universidad”, propuesta que fue desestimada por el Consejo Superior. En ese sentido, el rector Alberto Barbieri salió en defensa de sus funcionarios y remarcó que “no existe denuncia alguna contra Darío Richarte, José Luis Giusti y Emiliano Yacobitti en lo que se refiere a la universidad como ámbito de trabajo”, y agregó: “Si bien desconocemos lo que ocurre en su esfera privada, el resto son sólo conjeturas que apuntan a difamar, a desinformar y a tratar de instalar un escenario de crisis que hoy la UBA no vive”.

Informe: Delfina Torres Cabreros.