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El refuerzo presupuestario que anunció Mauricio Macri el pasado 3 de mayo todavía no llegó a las universidades nacionales. La partida de 500 millones de pesos fue presentada, ante el reclamo de los rectores universitarios, para que las instituciones pudieran afrontar el aumento en las tarifas de los servicios públicos. Aunque el dinero –que representa menos del 1 por ciento del presupuesto para 2016– no fue recibido aún por el sistema universitario, su distribución entre las casas de estudios ya generó tensión entre los rectores. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Tamarit, confió en que, ya con la paritaria docente resuelta (ver aparte), el mes que viene esos fondos empiecen a ser girados a las casas de estudios. Mientras tanto, las facturas siguen llegando, con aumentos superiores en algunos casos al 1700 por ciento.

Luego de los aumentos de tarifas resueltos por el gobierno nacional para los servicios públicos, muchos rectores manifestaron que no podían pagar los nuevos montos, porque el presupuesto aprobado el año pasado por el Congreso no preveía el tarifazo, ni la devaluación ni la creciente inflación. Algunos aumentos superaron el promedio, como el que llegó a la sede de Bariloche de la Universidad de Río Negro: 1700 por ciento de incremento en la cuenta de gas, según informaron las autoridades académicas. Los referentes de las universidades aclaran que no en todas las regiones se presentan los mismos problemas, sino que dependiendo de la zona hay uno u otro servicio que se torna más problemático. La UBA, por ejemplo, informó que por la “actualización de tarifas” tendrá que pagar casi 80 millones de pesos por el servicio eléctrico, por el que antes pagaba 7. La Universidad de General Sarmiento destinaba en 2015 el 5 por ciento de su presupuesto para gastos de funcionamiento a pagar la electricidad: este año debe destinar el 15 por ciento.

Los reclamos presupuestarios dividieron a los rectores, que se reúnen en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, resaltando las diferencias entre el bloque más afín al radicalismo y el espacio más cercano al peronismo.

El actual titular del CIN, que proviene del primer grupo, aseguró que tras los planteos realizados ante el Ministerio de Educación “tomaron nota de nuestros reclamos. Las dos prioridades que planteamos desde el CIN están encaminadas: la paritaria docente y los gastos de funcionamiento”, dijo ayer Tamarit a Página/12. “Los 500 millones sirven para atender el desfasaje entre tarifas y presupuesto”, dijo. Además, estimó que “el mes que viene debería estar disponible el dinero para que pueda ser girado a todas las universidades”. Tamarit también celebró que sea “la primera vez en cinco años que todos los gremios docentes firman la paritaria”.

La Comisión de Finanzas y Economía del CIN elaboró una propuesta de distribución de esos 500 millones, que ya fue presentada al Ministerio de Educación y, según creen los rectores, “se aprobará”. La propuesta se hizo mediante un “cálculo objetivo”, explicó Tamarit, que toma algunas variables como la cantidad de alumnos e ingresantes, docentes, extensión territorial y complejidad de materias –si son de “tiza-pizarrón o de laboratorio”, por ejemplo–.

La Universidad de Buenos Aires, a través de sus autoridades, fue la única casa de estudios que protestó contra el criterio de distribución, argumentando que los fondos deberían repartirse “de acuerdo al impacto de la actualización de las tarifas. La UBA considera que todas las universidades deben recibir el presupuesto que necesitan para su normal funcionamiento; sin embargo, el criterio propuesto por el CIN distorsiona lo que cada universidad debe recibir, lo que le dificultaría a la UBA cubrir el pago de los servicios públicos”, informó el rectorado, por lo que ya elevó su reclamo al Ministerio de Educación, “quienes, en definitiva, son los únicos que poseen la potestad de distribución de partidas”.

En defensa del criterio aprobado por el CIN se pronunció el rector de la Universidad de Río Negro, Juan Carlos Del Bello. La calificó como “equitativa y con una perspectiva solidaria”.

Frente al optimismo de algunos rectores, otros advirtieron que la situación sigue siendo delicada. “La suma anunciada (los 500 millones) permitiría en la mayor parte de los casos cubrir solamente los incrementos de tarifas, lo que no resuelve el incremento por inflación de todos los gastos de funcionamiento (equipamiento, insumos, transporte, alimentación, obras de infraestructura en curso, entre otros)”, resaltó Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en un detallado informe sobre la situación presupuestaria del sistema universitario. Diker señaló que, además del aumento de tarifas y el efecto de la inflación, las universidades afrontan otros dos problemas: la subejecución del presupuesto a través de la transferencia parcial de las cuotas correspondientes a gastos de funcionamiento y la interrupción de las transferencias correspondientes a convenios y contratos programa, erogaciones que las casas de estudios están financiando “en perjuicio del sostenimiento de las actividades académicas regulares”.

Informe: Gastón Godoy.