Parte de esos territorios donde vive la familia Ferreyra es reclamado por empresarios santafesinos y tucumanos, a quienes el Movimiento Campesino de Santiago del Estero apunta como los responsables del incendio de viviendas de campesinos e indígenas que resistían desmontes en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi. Los “aprietes” aumentaron en los últimos meses con quemas de vehículos, disparos contra las casas de las familias del lugar y amedrentamiento a sus hijos mientras van camino a la escuela. El asesinato ocurrió a las 16 del miércoles pasado, dos horas antes de una reunión en la que se iba a elaborar una denuncia contra los desmontes en esa zona.
“Desde éstos territorios campesinos indígenas, se viene denunciando los atropellos, tal es así que el juez penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona”, criticó el movimiento, que precisó que los hechos se produjeron luego de que el gobierno provincial otorgara los permisos de desmonte a los empresarios.
"Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones", añadió.
“El asesinato de Crístian Ferreyra no va a quedar impune” y “reafirmamos una vez más, que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, concluyó un comunicado de la organización que prevé para esta tarde una movilización hasta la sede judicial de Monte Quemado y otra a la capital provincial, para los próximos días.
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