Desde Lima
El indulto al ex dictador Alberto Fujimori ha quedado en duda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ha ordenado al Estado peruano revisar el perdón que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió en diciembre pasado al autócrata, condenado a veinticinco años por crímenes de lesa humanidad. Esa revisión, que será hecha por el Tribunal Constitucional, máxima instancia jurídica del país, podría terminar con la anulación de este cuestionado indulto, lo que significaría el regreso de Fujimori a prisión. Una derrota parcial para Fujimori, cuya libertad ha ingresado al terreno de la incertidumbre, que en unos meses podría convertirse en una derrota total. El indulto había sido recusado ante la Corte IDH por familiares de las víctimas del régimen fujimorista y organismos de derechos humanos.
La Corte IDH ordena al Estado peruano realizar un “control jurisdiccional constitucional” en forma “pronta” sobre la legalidad del indulto. Ese control, señala el fallo, deberá tener en cuenta que, para otorgar un indulto humanitario, como el dado a Fujimori, no basta evaluar el estado de salud del acusado, sino que también se deben evaluar otros factores, como si el acusado ha contribuido al esclarecimiento de la verdad, si ha admitido la gravedad de sus delitos, si ha pagado la reparación civil, si ha cumplido la mayor parte de la pena. Ninguno de estos requisitos se cumple en el caso de Fujimori, que ha cumplido poco más de diez años de una condena de veinticinco años. La Corte cuestiona el incumplimiento de una serie de procedimientos al momento de otorgar el perdón humanitario y pide a las autoridades peruanas que tomen en cuenta este factor al momento de resolver sobre la validez o nulidad de este indulto. El panorama no pinta bien para Fujimori.
“Esos límites para dar un indulto, incluso humanitario, obligan no solamente al Estado peruano para este caso, sino a todos los Estados. La Corte señala claramente que el Estado peruano debe tomar en cuenta los estándares internacionales al momento de otorgar un indulto, lo que consideramos no ha ocurrido en este caso. También indica que se debe garantizar el derecho de las víctimas a la justicia. Este fallo de la Corte es muy importante, porque determina claramente que ningún acusado por violaciones a los derechos humanos puede ser liberado sin que se cumplan los requisitos determinados por esta Corte”, le señaló a PáginaI12 Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos y abogada de las víctimas del régimen fujimorista.
“Solamente nos queda defender los motivos médicos del indulto humanitario, no se puede hacer otra cosa”, declaró, por su parte, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez.
El gobierno peruano informó que acatará lo dictaminado por la Corte IDH. En su fallo, este organismo internacional señala que se reserva el derecho de evaluar y dictaminar sobre lo que resuelvan las autoridades judiciales peruanas luego de revisar este indulto. Pone como fecha el 29 de octubre para que el Estado peruano le informe sobre los resultados de esta revisión.
En la última Navidad, el entonces presidente Kuczynski le otorgó el indulto a Fujimori alegando razones humanitarias por un supuesto mal estado de salud por males cardiacos del ex dictador de 79 años. Alegar razones humanitarias era la coartada para hacer pasar el indulto. Pero las evidencias han revelado que el perdón fue parte de un canje de impunidad con un sector del fujimorismo a cambio de respaldo en el Congreso para salvar a Kuczynski de un pedido para destituirlo por corrupción debido a sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. El indulto fue otorgado en tiempo récord y en el acelerado procedimiento se violaron una serie de normas.
El fujimorismo controla el Congreso y desde allí puede ser un factor de presión y amenaza sobre el Tribunal Constitucional que deberá decidir sobre la validez o no de este indulto. Los miembros de este tribunal son nombrados por el Congreso. Pero ahora el fujimorismo está dividido entre los hermanos Keiko y Kenji. El segundo juega todas sus cartas por la libertad de su padre, mientras la primera, quien ahora tiene el poder en ese movimiento y en el Parlamento, parece más interesada en su propio futuro político que en la suerte de su progenitor.
El fallo de la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori se dio como parte de la supervisión del cumplimiento de las sentencias de esta Corte de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, por los que Fujimori fue sentenciado en abril de 2009. En noviembre de 1991, el grupo Colina, formado por miembros del ejército en actividad, que operó como un escuadrón de la muerte bajo órdenes y protección del régimen fujimorista, irrumpió en una modesta vivienda compartida por varias familias en la zona de Barrios Altos en el centro de Lima y asesinó a balazos quince personas, entre ellas un niño de ocho años, que estaban en una fiesta en el patio central de la vieja casona. En julio de 1992, los militares de Colina ingresaron a la Universidad de La Cantuta, en las afueras de Lima, secuestraron a nueve estudiantes y un profesor, y luego los ejecutaron. En ambos casos, el régimen fujimorista acusó a las víctimas, sin evidencia alguna, de estar vinculados al grupo armado maoísta Sendero Luminoso. Fujimori, quien fue sorpresivamente electo presidente en 1990 y en abril de 1992 dio un autogolpe cerrando el Congreso para gobernar en forma autoritaria de la mano de los militares, también fue condenado por el secuestro de un periodista y un empresario, y por cuatro casos de corrupción.
