Desde Lima
El presidente Martín Vizcarra hizo cuestión de Estado sobre las cuatro reformas judiciales y políticas que ha propuesto y estaban trabadas en el Congreso. Y ganó. Obtuvo el voto de confianza que había pedido al Parlamento controlado por la oposición fujimorista, el cual estaba condicionado a que el Legislativo apruebe estas reformas a más tardar en la primera semana de octubre para que así se puedan llevar a referéndum en diciembre, como quiere el gobierno. Si le negaban la confianza, el presidente, de acuerdo con la Constitución, podía cerrar el Congreso y llamar a elecciones legislativas. Una posibilidad que le torció el brazo a la mayoría parlamentaria fujimorista, que terminó comprometiéndose a darle luz verde a unas reformas y un referéndum que no quiere. Fueron 82 votos de 130 a favor de la confianza al gobierno. Hubo 22 en contra y 14 abstenciones.
“Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú”, escribió en Twitter un conciliador Martín Vizcarra, el ganador de la jornada, minutos después que el Congreso aprobara el miércoles en la noche, luego de un debate de casi doce horas, la cuestión de confianza a su gobierno. Pero su mensaje, que buscaba bajar la tensión política, no tuvo el efecto esperado. El fujimorismo retrocedió al momento de votar para salvar el Congreso que maneja, pero no ha bajado el tono confrontacional contra el gobierno. Reaccionó a su derrota redoblando sus ataques contra el presidente al que acababan de darle el voto de confianza.
Vizcarra, que asumió el cargo en marzo en una situación de debilidad luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por denuncias de corrupción, se ha fortalecido con sus propuestas de reforma y de referéndum, fortalecimiento que se refuerza con su triunfo de esta semana en el Congreso. Ha sintonizado con el descontento de la calle, ha ganado respaldo popular y se ha desmarcado del desacreditado fujimorismo que con su mayoría parlamentaria esperaba controlarlo.
El fujimorismo ha sido el gran derrotado. Encaja este golpe en momentos que ven como se agudiza su caída en la aceptación ciudadana, desplome impulsado por el comportamiento obstruccionista y autoritario de su mayoría parlamentaria, las denuncias de corrupción contra varios de sus miembros -incluida su lideresa Keiko Fujimori, que es investigada por lavado de activos-, y por su comportamiento para intentar boicotear el referéndum. Keiko estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales de 2016, y ahora ve como su nivel de rechazo pasa el 80 por ciento.
La reforma judicial, aprobada en el Congreso por unanimidad el martes, un día antes de que se vea el voto de confianza y bajo el riesgo que se cierre el Congreso si eso no ocurría, implica modificar la composición y forma de elección del organismo encargado de nombrar y destituir a todos los jueces y fiscales del país, que fue cerrado temporalmente en julio luego que sus miembros se vieran envueltos en el escándalo de corrupción judicial revelado por escuchas telefónicas difundidas por la prensa. Con la reforma, los siete miembros de este organismo ahora serán elegidos por un concurso público de méritos, y se elevan los requisitos para acceder al mismo. Esta es considerada una reforma fundamental para enfrentar la extendida corrupción judicial y las influencias políticas, como las del fujimorismo. Y de las cuatro, es la que tendrá un efecto más inmediato y tangible.
La reforma para establecer controles y sanciones al financiamiento de partidos políticos y campañas electorales busca enfrentar la infiltración de dinero sucio y la corrupción política. En el caso de la reforma para regresar a un Congreso bicameral, los analistas coinciden en que es una mejor opción que el actual Parlamento unicameral. La cuarta reforma prohíbe la reelección de los congresistas. Es la reforma más cuestionada por los expertos, que señalan que no va a solucionar los problemas de corrupción que pretende enfrentar y más bien puede afectar el trabajo parlamentario, pero, en medio de un mayoritario rechazo ciudadano a la clase política, es la más popular y la que más moviliza a la población. La gente ve una oportunidad de sancionar a los políticos votando contra la reelección de los congresistas. Cerca del 70 por ciento apoya las reformas.
Desde la izquierda respaldan las reformas y el referéndum, pero advierten que “no van a solucionar los problemas de fondo”, las califican de “insuficientes”, y señalan que se requiere “un cambio sustancial” que pasa por una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual Constitución heredada de la dictadura fujimorista.
El gobierno ha ganado respaldo con la propuesta de estas reformas, pero si las expectativas creadas de cambios importantes y mejoras para el país y la gente a partir de ellas no son satisfechas, el triunfo de hoy podría ser efímero y las cosas volverse contra el propio gobierno.