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Desde Lima
El exdictador Alberto Fujimori volvió a prisión. Lo hizo la noche del miércoles, 113 días después de haberse refugiado en una clínica privada para eludir su retorno a la cárcel luego que en octubre pasado un juez anulara el irregular “indulto humanitario” que en diciembre de 2017 le había dado el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El autócrata debe terminar de cumplir una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, de los cuales había purgado poco más de diez años cuando recibió el indulto presidencial luego revocado por ser considerado ilegal. Una junta médica que lo evaluó por orden judicial determinó que los males cardíacos –arritmia e hipertensión– que padece, no son de gravedad y no se justificaba su internación en un centro médico.
Antes de dejar la clínica, Fujimori, como ha hecho muchas otras veces para buscar respaldo a sus intentos de eludir la prisión, dramatizó sobre su estado de salud. En un documento enviado a la agencia France Press señaló que debido a su salud –que los médicos aseguran es estable– su regreso a la cárcel era “una condena a muerte”. Redoblando el drama, escribió: “Siento que el final está cerca”.
El exdictador volvió a la misma prisión de la que había salido indultado hace trece meses, ubicada en un cuartel policial en las afueras de Lima, donde es el único detenido en un amplio ambiente especialmente acondicionado para albergarlo. Las autoridades señalaron que para cuidar la salud de Fujimori, de 80 años, éste tendrá a su disposición en la cárcel VIP a la que ha regresado, un médico, tres enfermeras que se turnarán y una ambulancia lista para trasladarlo a un establecimiento de salud. Unas pocas decenas de seguidores fujimoristas y nostálgicos de la dictadura llegaron hasta las puertas de la clínica para apoyar al exmandatario. Otro pequeño grupo lo esperaba en la puerta del penal.
Fujimori llegó al poder ganando sorpresivamente las elecciones de 1990 y en 1992 dio un autogolpe, cerrando el Congreso para gobernar con los militares. En noviembre de 2000 huyó del país en medio de masivas protestas contra su gobierno y denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue traído de regreso extraditado en septiembre de 2007 y en abril de 2009, luego de un juicio de más de un año divulgado en directo por televisión, fue condenado como autor mediato del asesinato de 25 personas, incluido un niño de ocho años, ejecutadas en las llamadas matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por un escuadrón de la muerte formado por militares en actividad que operó bajo las órdenes y protección de su gobierno. Estos asesinatos fueron calificados por el tribunal como crímenes de lesa humanidad. También fue condenado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, y por varios casos de corrupción.
El expresidente Kuczynski indultó a Fujimori aduciendo razones humanitarias, pero rápidamente quedó al descubierto que el indulto humanitario era una farsa y que se trataba de un pacto político de impunidad para canjear el perdón al exdictador por los votos de una decena de congresistas fujimoristas para evitar que Kuczynski sea destituido por el Congreso por acusaciones de corrupción. La medida gatilló protestas ciudadanas, agravó la crisis del gobierno y tres meses después el presidente debió renunciar. Familiares de las víctimas del régimen fujimorista y organismos de derechos humanos denunciaron como ilegal el indulto. En octubre un juez lo anuló señalando que era ilegal por no haberse cumplido con los requisitos de un perdón humanitario por razones médicas y por violar las normas internacionales sobre derechos humanos que prohíben beneficios como el indulto para condenados por crímenes de lesa humanidad.
El regreso de Fujimori a la cárcel ocurre cuando su hija y heredera política, Keiko, también está en prisión, acusada de lavado de activos con relación al financiamiento ilegal de su campaña presidencial. Y cuando el fujimorismo, que en 2016 estuvo muy cerca de llevar a Keiko a la presidencia y obtuvo|mayoría absoluta en el Congreso, se desmorona por divisiones internas, escándalos de corrupción y un creciente descrédito que lo ha llevado a tener más de un 80 por ciento de rechazo. Malos tiempos para la otrora poderosa familia Fujimori.
