El aumento de entre un 60 y un 150 por ciento en el precio de uno de los insumos esenciales en cualquier hogar, la electricidad, no es motivo de celebración, aparentemente. Y sin embargo, el ministro de Energía, al presentarlo, dijo “estamos celebrando poder recomponer una realidad que no tendríamos que haber perdido”. Incluso la celebración sería apenas parcial por ahora, según Juan José Aranguren, ya que la nueva tarifa resultante “es aún menos de un tercio del valor” de generación. Una promesa de que habrá otras celebraciones (nuevos aumentos) para volver a esa “realidad” que evoca nostálgico el ministro. 

Aquí van algunos datos de la “realidad perdida” que Aranguren promete reconquistar. Según datos que aporta el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), el precio por megawatt/hora al que se arribará en marzo próximo con estos aumentos es de 640 pesos, que equivale a casi 40 dólares. “Este precio ya está un 20 por ciento por arriba del que rige y rigió durante 2016 en Estados Unidos, en el que podemos ver precios mensuales promedio de 34 dólares por megawatt a lo largo del año pasado”, señala el IESO en un comunicado de última hora de ayer, en el cual luego se pregunta, “¿adónde nos quiere llevar Aranguren con eso de que las tarifas están en un tercio de su valor? ¿De qué mercado nos está hablando?” 

La lógica de los fundamentalistas de mercado, como Aranguren, es que si los precios están por debajo de los costos, no hay producción. Pero quienes están acostumbrados a dirigir grandes empresas, como Aranguren, se sienten dueños de esa información, el costo de producción, que nadie tiene derecho a cuestionarles ni exigirle detalles. Bajo esa lógica, la política energética del gobierno fijó un horizonte plurianual de tarifazos –que redefine como “normalización del precio de la electricidad”– para que el usuario pague el “costo total” de la energía sin subsidios del Estado.

Hay otro modo de ver la tarifa: en función de la obligación del Estado de hacer accesible la energía, como otras necesidades básicas, a todos los hogares. Ello llevaría a ver el tema prioritariamente desde el lado del consumo, en vez de hacerlo desde la oferta como hace actualmente el gobierno. En tal caso, vale recurrir a un análisis que ayer actualizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el impacto de los aumentos de tarifas sobre el presupuesto familiar. Allí se verifica que los hogares de menores ingresos (deciles 1 y 2) son donde mayor es la proporción de ingresos que se destinan al consumo eléctrico. Y, en consecuencia, donde más impactan los megaaumentos como el anunciado ayer. Para el primer decil (el diez por ciento de hogares de menores ingresos), si el consumo del hogar estuviera en el rango de 150 a 300 kw/h mensuales, la incidencia del costo de la electricidad en el presupuesto pasaría de 5,8  al 10,4 por ciento. Si el hogar estuviera en el rango de 300 a 600 kw/h mensuales, el salto sería del 15,2 al 29 por ciento de sus ingresos. Sería de esperar que todos los hogares de, al menos, los dos primeros deciles (20 por ciento de la población de menores ingresos) pudieran acceder a la tarifa social. Y si tuvieran un auto de menos de diez años de antigüedad, lo cual los inhibe del beneficio, probablemente se verán obligados a venderlo para no verse imposibilitados de pagar la luz.