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JAQUE A LA CORTE SUPREMA
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Por Sergio A. Vaudagnotto
El radicalismo no terminaba de decidirse por la embestida contra los cinco ministros de la Corte, reclamada con creciente insistencia por sus socios del Frepaso, pero la coincidencia entre los diputados Melchor Cruchaga, Elisa Carrió y Guillermo Aramburu (UCR), y Nilda Garré, Horacio Viqueira y Oscar Massei (Frepaso), después de 90 días de trabajo, allanó el camino hacia una decisión favorable. El aval del ex camarista Ricardo Gil Lavedra al informe de los legisladores terminó de decidir a la cúpula de la UCR. También los empujó a decidirse la presión de Chacho Alvarez, quien había tensado la cuerda la semana pasada, al anunciar que los frepasistas estaban dispuestos a presentar el proyecto por su cuenta. El tema del juicio político estuvo incluido en la intensa disputa dialéctica que mantuvieron radicales y frepasistas, desde que reanudaron sus campañas tras la pausa impuesta por las inundaciones. La noche del domingo, los máximos referentes de la Alianza emplearon un tono conciliador durante un diálogo que mantuvieron ante las cámaras de Canal 9. Al salir del estudio, el ex presidente Raúl Alfonsín, la candidata Graciela Fernández Meijide, Alvarez y Storani, mantuvieron una breve charla, en cuyo transcurso se comprometieron a llevar adelante la iniciativa en conjunto. "Esta semana", dijo Chacho. "Esta semana", asintió Fredi, quien aclaró entonces que "nunca estuvimos en contra, y sólo quisimos esperar a disponer de todos los informes que habíamos solicitado". Los aliancistas saben que no cuentan con la mayoría parlamentaria necesaria para condenar a los vocales de la Corte pero desean provocar un debate público sobre la mayoría automática y pasar a la ofensiva contra el oficialismo. Consultados por este diario, los diputados Garré y Storani afirmaron que la decisión política ya estaba tomada, y señalaron que, de ser posible, el trámite se iniciaría este mediodía. El hecho de que Carrió y Viqueira se hallaran en sus provincias podría retrasarlo "como mucho" hasta el jueves. Se trata de cinco juicios, aunque las pruebas que se aportarán se repetirán en la mayoría de los casos, según ambos legisladores. La idea de promover el enjuiciamiento parlamentario de los cinco miembros de la Corte que ofrecen una "mayoría automática" al Ejecutivo cobró fuerza en las filas aliancistas a partir del fallo que convalidó los decretos presidenciales de necesidad y urgencia para que los aeropuertos nacionales pasaran a ser administrados por empresas privadas. Esa resolución de la Corte impedía que una norma de menor jerarquía a una ley pudiera ser revisada por la Justicia. "Permitía gobernar por decreto hasta fines de 1999", comentó la diputada Garré. La Comisión de los Seis reunió hasta 17 casos en los cuales se apreciaba un comportamiento sospechoso de Boggiano, Vázquez, O`Connor, López y Nazareno. Finalmente, se quedó con el mencionado de los aeropuertos, y con los que se conocen como Chocobar, Cocchia, Novello, Sayago, Gauna, UOM, Miara y Tortrino (ver nota aparte). Pero otro aspecto del proyecto aliancista imputa al tribunal una serie de irregularidades administrativas. Indica que, mientras se incrementaban los presupuestos y el personal, se paralizaban expedientes hasta llegar a la acumulación de 10.000 causas sin sentencia. El trabajo también señala que los ministros cuestionados llegaron a borrar y a tachar sus firmas en algunos sentencias, para quitarles validez. Los mismos fallos aparecerían después con un contenido diferente. El alto porcentaje de ausentismo es otro de los puntos con los cuales se pretende demostrar "el mal desempeño de sus funciones" por parte de los miembros de la Corte. Con el acuerdo sobre el pedido de juicio político, la UCR y el Frepaso retoman el camino del diálogo para superar las diferencias y de paso salen de la situación defensiva en la que los habían colocado sus propias desinteligencias. Todavía les queda mucho por transitar en esa senda. Hay numerosas y agrias discusiones pendientes (ver recuadro), con la dificultad añadida de estar disputando la interna por candidatura presidencial.
POR PRIMERA VEZ VIENE EL JUICIO POR
JURADOS
Por Andrés Klipphan
El juicio por jurados ya estaba contemplada en la Constitución nacional de 1853 y fue ratificado en la reforma constitucional de 1994. Granillo Ocampo envió la iniciativa al Parlamento hace diez días. Hoy a la tarde tratará de defenderla frente a los diputados de la oposición que, al menos hasta ahora, no se han pronunciado totalmente en contra. Elisa Carrió (UCR) cree que si la modalidad se implementara a la brevedad los problemas podrían ser dos: la carencia de capacidad edilicia actual y el encarecimiento del sistema judicial, ya que los jurados son rentados. Cada miembro del jurado cobrará, por el tiempo que dure su función, "una suma equivalente a un día de sueldo básico de un juez con jerarquía para la dirección del juicio". La mayoría de los abogados consultados por Página/12 creen que el juicio por jurado es positivo, pero ponen en duda su aplicación (ver notas aparte). Lo que sigue son los puntos más salientes del proyecto de ley que se comenzará a discutir hoy. * El jurado será el encargado de declarar, "en nombre del pueblo", si el imputado es inocente o culpable al final del proceso, durante el cual no podrá realizar preguntas. * "Los miembros del jurado tendrán la obligación de denunciar por escrito ante el juez presiones, influencias o inducciones que hubieran recibido para emitir su voto". * "Para arribar a un veredicto de culpabilidad se establece una mayoría de nueve votos --sobre doce--. Para el de inocencia la simple mayoría sobre el total de los miembros". * "La sentencia del tribunal deberá ajustarse a lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación, trascribiéndose el veredicto del jurado en el lugar de la enunciación de los hechos y la fundamentación del juicio". * "Si el procesado es encontrado culpable, el juez individualizará la pena o la medida de seguridad aplicable". * "Durante los primeros cinco años los juicios por jurados se llevarán a cabo por hechos graves como, por ejemplo, los homicidios cometidos autónomamente o en relación con otras conductas delictivas, los actos que pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad de la Nación, el robo agravado por el uso de armas, o la asociación ilícita". * El jurado estará compuesto por 12 miembros y 3 suplentes. Serán sorteados de un padrón confeccionado por la Justicia Electoral. * Los elegidos para integrar un jurado serán, al inicio del proceso, 36 personas. Habrá un mecanismo de recusaciones hasta que queden 15. Llegarán con la aprobación de todas las partes involucradas: acusación y defensa. * El juez podrá disponer que el jurado no tenga contacto con terceros, y que se aloje en un sitio aislado hasta el final del proceso. * Quienes intenten presionar o condicionar a los jurados para inducirlos a emitir su veredicto en determinado sentido tenderán penas de 2 a 5 años e inhabilitación por el doble de tiempo. La opinión de los especialistas HAY QUE AFINAR EL LÁPIZ Por Romina Calderaro Página/12 consultó ayer la opinión de tres especialistas acerca de la implementación del juicio por jurados. Todos coincidieron en que su introducción sería positiva, pero expresaron sus diferencias con algunos puntos del proyecto presentado por Raúl Granillo Ocampo. * Alicia Oliveira (ex constituyente del Frepaso): "Está bien que se instituya el juicio por jurado, pero para ver si es útil hay que verlo en funcionamiento. Me parece positivo que la gente tenga una participación más activa en la administración de justicia porque no creo en la sapiencia de los grupos judicializados: muchas veces el nivel de prejuicio de un hombre que viene del derecho es altísimo. Una objeción que le encuentro al proyecto de Granillo es el elitismo, porque estipula que para ser jurado hay que tener aprobado tercer año de la secundaria. Los integrantes del jurado tienen que ser emergentes de la sociedad y en la sociedad no todo el mundo llegó a esa instancia".
* Aldo Montesano Rebón (ex procurador general de la Nación): "Estoy de acuerdo con el juicio por jurados, lo que me preocupa es que esto sea una maniobra para atenuar el grave cuestionamiento social que vive el Poder Judicial. Si esta modificación es una respuesta a la censura ética es equivocada. No va a haber solución de fondo mientras no se resuelva que se hace con los malos jueces. Como decía Churchill: la realidad es terca. Puede servir para transparentar en cierta medida los procesos de administración de justicia, pero la corrupción no se va a erradicar con medidas para salir del paso".
* Gregorio Badeni (constitucionalista): "Es positivo que después de más de 160 años se haya resuelto aplicar un mandato constitucional que le da cierta participación a la ciudadanía en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Las dos objeciones que le hago al proyecto de Granillo es que en principio se aplique parcialmente --creo que tiene que servir para juzgar todos los delitos desde el principio-- y que los abogados no puedan integrar el jurado". DE LA RUA ESTA DE GIRA POR ESPAÑA AYER FRAGA, HOY EL REY El jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, aprovechó su viaje a España para tomar distancia, al menos en el terreno de las declaraciones, de la interna que sacude a la Alianza: cansado y fastidiado tras doce horas de vuelo, el candidato radical a la presidencia prefirió no opinar sobre los desencuentros entre la UCR y el Frepaso al arribar ayer a Madrid y se limitó a cumplir al pie de la letra con el protocolo previsto para el primero de sus cuatro días de visita oficial a ese país, durante la cual se entrevistará con el rey Juan Carlos. Las actividades de De la Rúa en territorio español comenzaron a primera hora de la mañana con una entrevista al presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. "Es un honor recibirlo", le dio la bienvenida el anfitrión. Y después lo despidió con "una premonición política", tal como la calificó la oficina de prensa del gobierno porteño: "Espero --dijo Fraga Iribarne-- que su próxima visita a España, ya como presidente de la Nación Argentina, incluya a Santiago de Compostela". La reunión que De la Rúa mantendrá hoy con el rey Juan Carlos constituye el plato fuerte de su visita a España. La audiencia entre el candidato radical y el monarca será en el Palacio de la Zarzuela y se prolongará aproximadamente 45 minutos. De la Rúa será recibido después por el alcalde de Madrid, José María Alvarez de Manzano, quien lo distinguirá con el título de visitante ilustre. Por la noche concurrirá junto a su comitiva --lo acompañan su mujer, Inés Pertiné; los radicales Mario Negri y Jesús Rodríguez; el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el frepasista Aníbal Ibarra; y su subsecretaria de Cultura, Cecilia Felgueiras-- a un espectáculo de flamenco. De la Rúa se entrevistará el jueves con el presidente del gobierno español, José María Aznar. Mañana se reunirá con empresarios y miembros de la Justicia española, así como con el ex presidente Felipe González; el secretario general del Partido Socialista, Joaquín Alumnia; y con el candidato de ese partido a la presidencia, José Borrell.
LA MEJOR DEFENSA
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La Alianza UCR-Frepaso presentará esta semana en el
Parlamento el proyecto de resolución para someter a juicio político a los ministros de
la Corte Suprema de Justicia Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Enrique Moliné O`Connor,
Julio Nazareno y Guillermo López. El trámite iba a ser iniciado hoy mismo, aunque la
ausencia de algunos diputados que trabajaron en el tema podría retrasarlo hasta el
jueves. Se trata de la acción de mayor dimensión que pone en marcha la coalición
opositora desde su triunfo electoral, en octubre pasado. Después de muchos giros
alrededor del proyecto, los dos partidos acordaron finalmente impulsarlo en el Parlamento.
Con varios temas pendientes de consenso, la Alianza emite una señal concreta de unidad.
Los presidentes de los bloques de diputados de una y otra fuerza, Federico Storani y
Carlos Alvarez, acompañarán a los seis legisladores aliancistas que reunieron la
documentación y elaboraron el informe técnico que probaría la existencia de una
"mayoría automática" y un "renunciamiento a la defensa de la
constitucionalidad" en la Corte. Según pudo saber Página/12, el proyecto se
divide en dos partes. Una de ellas analiza el "voto sistemático" de los
ministros en nueve casos "paradigmáticos" (ver aparte). La otra se refiere a
irregularidades administrativas en el funcionamiento del máximo tribunal. 