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Por Nora Veiras
acusado como autor mediato del secuestro de menores, exacerbó entre los uniformados el temor a quedar, otra vez, a merced de la Justicia por causas derivadas de las violaciones a los derechos humanos. "Este problema no es jurídico sino político: el Gobierno dice que ellos no tienen nada que ver y la oposición --que quería a Videla preso-- no sabe qué hacer. En el medio estamos nosotros bajo sospecha permanente", explicaba anoche a Página/12 un oficial balcista que no se atrevía a hacer pronósticos. Los ex compañeros de Videla, que siguen reivindicando la represión ilegal, alineados en el Foro de Generales Retirados, son los más activos en trasmitir el malestar de la fuerza y en cuestionar a Balza por su autocrítica parcial. Sin embargo, el posible conflicto se puede desatar entre los oficiales de alto rango que actuaron durante la dictadura. Desde que en enero los diputados frepasistas Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo empezaron a plantear la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los jefes militares hicieron escuchar su "inquietud" al poder político. "Es la historia del eterno retorno, después siguieron con la ley de la Verdad que habilitaría el camino para que la gente otra vez desfile por los tribunales --por más que no la puedan meter presa--", repiten los uniformados. De inmediato, rescatan de la memoria el acuartelamiento del capitán Guillermo Ernesto Barreiro en Córdoba, quien se negó a declarar en una causa por violación a los derechos humanos y desató la crisis de Semana Santa del '87, lo cual motivó la Ley de Obediencia Debida. Las dos normas legales sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín sacaron del centro de la Justicia a unos tres mil hombres de las Fuerzas Armadas involucrados en denuncias por delitos aberrantes. En los corrillos militares se acusa a los políticos de "tirarle" el problema otra vez a la Justicia y advierten que, "como los jueces no miden las consecuencias políticas de sus decisiones, la inquietud crece". En el Ejército ven la mano del oficialismo en la "espectacularidad" de la detención de Videla justo en el momento en que el presidente Carlos Menem estaba de gira en Francia. "Para afuera queda como que Menem es el que metió preso a Videla", explicaba un cuadro medio del Ejército que se confiesa "harto" de seguir siendo acusado de "asesino" después de "años de estar trabajando por reinsertarnos en la sociedad civil con un presupuesto diez veces menor que el del '83". En realidad, si el conflicto se agotara en el ex dictador preso, el clima entre los oficiales en actividad no pasaría de una tormenta pasajera: a ellos los obsesiona el revivir ante la sociedad sus responsabilidades en el horror del terrorismo de Estado. Los retirados, liderados por el general Augusto Alemanzor, están preparando una declaración pública para explicitar su malestar. Algunos medios dieron cuenta de que Balza se habría mantenido en contacto con ellos y le transmitió al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, el riesgo de seguir tirando de la cuerda. La información que los ex hombres fuertes de las Fuerzas Armadas podrían manejar sobre el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, el asesinato del conscripto Omar Carrasco y la explosión del depósito de armas en la Fábrica Militar de Río Tercero serían la materia de negociación de estos sectores ultramontanos. En el entorno de Balza calificaron como "poco probables" esos contactos y machacaron con que "el conflicto latente está entre los hombres en actividad". El jefe del Ejército espera algún gesto político del Gobierno que le permita encauzar el diálogo y convalidar su liderazgo.
LA JUSTICIA O LA LEY
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Después de un fin de semana largo en Mar del Plata donde se
recluyó a pasar su cumpleaños, el titular del Ejército, Martín Balza, regresará hoy
al Edificio Libertador para pilotear el malestar de los oficiales en actividad. La
detención del ex dictador Jorge Rafael Videla,